Esquerra Unida recurreix al Consell de Transparència y obliga a la alcaldesa a informar sobre su respuesta a la Agencia Antifraude
No quería, pero se ha visto obligada por una instancia superior. La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, ha librado a Esquerra Unida de Burriana el informe que da a conocer la posición del equipo de gobierno respecto a la reclamación de 21 millones de euros que debe de hacer a la urbanizadora del PAI Golf Sant Gregori.
La alcaldesa accede a la petición de EU después de reclamar públicamente el desempeño del derecho de acceso a información pública que había ejercido la formación frente en la entidad local, y que dado su incumplimiento en el tiempo reglamentario, la formación se vio obligada a denunciar por vía administrativa ante el Consejo Valenciano de Transparencia, el órgano autonómico que velatorio por el desempeño de aquet derecho garantizado y reforzado por el gobierno del Botánico en la vigente ley Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana.
El requerimiento de la Agencia Antifraude
Hay que recordar que el requerimiento dirigido por la Agencia Antifraude da la razón a EUPV y reclama en el Ayuntamiento de Burriana que exija el pago de los retrasos en las obras de Golf Sant Gregori. En su informe Antifraude aconseja en diciembre de 2021 al Ayuntamiento que, antes de 3 meses, exigiera el cobro de 21.052.095,45 euros por los retrasos acumulados en el periodo 2011-2015. Una cantidad que el gobierno encabezado por Maria Josep Safont nunca ha exigido. Esta recomendación de la Agencia efectuada a finales del año 2021 ha sido totalmente desatendida por el equipo de gobierno, y hasta ahora la ciudadanía no tenía acceso al documento, si había, al no tener conocimiento público de la existencia de respuesta del Ayuntamiento a esta recomendación, y en su caso, de las razones aducidas para no atenderlo.
En el 2020, durante la visita en Burriana de la diputada autonómica de la formación Estefania Blanes, Esquerra Unida ya alertó que el ayuntamiento tenía que exigir estos retrasos a la empresa urbanizadora, posición ratifica más tarde en el requerimiento de la Agencia Antifraude.
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