Burriana acusa al Gobierno de España de inacción ante la borrasca Harry y la regresión del litoral
Burriana ha mostrado su profunda preocupación tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno ante el estado del litoral, tras el paso de la borrasca Harry, que ha dejado la costa dañada a las puertas de la Semana Santa y de Pascua.
Según el informe de los servicios técnicos municipales, los daños ascienden a 593.258,37 euros en Burriana, mientras que el Gobierno de España ha anunciado 1,2 millones de euros en ayudas para toda la provincia.
El documento técnico especifica que los desperfectos son graves en todo el frente marítimo, destacando el tramo entre Camí Masquemado y Camí d'Etxebarria, con una valoración de daños de 186.870 euros. En la Serratella, la reposición de la arena y la reparación de infraestructuras alcanzan 163.788 euros.
El temporal también ha golpeado viales públicos como el Camí Serratella y la calle Les Terrasses, y ha provocado el colapso del sistema de drenaje agrícola y la obstrucción de la desembocadura del río Anna, actualmente sepultada por toneladas de áridos.
Ante esta situación, el consistorio lamenta la respuesta del Gobierno de España, que ha previsto una partida que la ciudad califica de insuficiente: la ayuda se limita a la reposición de gravas y no cubre la reparación de equipamientos e infraestructuras dañadas.
A este escenario se suma la paralización de la Estrategia de protección de la costa sur de Castellón, aprobada en 2015, y el bloqueo de inversiones necesarias para la defensa del litoral de Burriana.
Entre los proyectos suspendidos destaca la Regeneración y Protección de la costa al sur del puerto, presupuestada en 5,7 millones de euros para la construcción de escolleras; aunque el Ministerio llegó a licitarla, la DIA y la falta de presupuestos actualizados mantienen la obra en el aire desde 2019.
Del mismo modo, el proyecto de Estabilización del entorno de la desembocadura del río Anna, adjudicado en 2022 por 4 millones de euros, sigue sin ejecutarse por falta de consignación presupuestaria.
Desde el Ayuntamiento se exige la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Costas para blindar el patrimonio local y los núcleos urbanos tradicionales de Castellón, ya que la normativa vigente desde 1988 podría implicar demoliciones y el Congreso permanece bloqueando dotar de seguridad jurídica a los propietarios afectados.
El alcalde ha enfatizado que la regresión del litoral es una realidad dolorosa fruto de la inacción del Gobierno, y que la falta de espigones pone en peligro las playas, las viviendas, los paseos marítimos y la economía local.
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