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Cabanes: Mulet: 'El Govern no vol explicar el futur del poblat de la Torre de la Sal de Cabanes després de 10 mesos rebutjades els a el·legacions dels veïns'
La Plana al Dia | Cabanes | General | 02-05-2022
Durant la sessió de la comissió de transició ecològica d'ahir en el senat, el senador de Compromís, Carles Mulet, va demanar al Secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Alfonso Morán Fernández explicacions sobre el futur del poblat Mariner de la Torre de la Sal, on a pesar d'haver passat quasi 10 mesos dones que el Ministeri encetara aquest malson, no s'ha comunicat als veïns els pretensions que és te després de rebutjar els a el·legacions.
En octubre de 1975, todavía bajo el franquismo, se aprueba sobre la base de una ley preconstitucional una orden ministerial que aprueba el deslinde de la zona marítimo-terrestre y de las playas en el tramo del término municipal de Cabanes, que incluye el poblado marinero de Torre la Sal como dominio público. Es una tramitación chapucera. Esta decisión política, que se reitera en 1993, desposee de manera injusta a los legítimos propietarios de inmuebles de su titularidad. Estas viviendas fueron construidas en su día con las correspondientes licencias municipales y buena parte de ellas tienen escrituras. La falta de inversión seria de la Dirección General de Costas y de una estrategia sensata para evitar la regresión marina de esa zona ha ocasionado que las viviendas estén cada día más cerca de la playa, infinitamente más cerca que cuando se construyeron estas viviendas el siglo pasado con todos los permisos y licencias pertinentes, incluso la autorización de Costas. El Ayuntamiento de Cabanes ha mostrado desde el principio su rechazo a la destrucción de este poblado tradicional. Por ejemplo, en el año 1990 el Pleno del ayuntamiento aprobó una declaración que instaba a declarar bien de relevancia local el poblado de Torre la Sal, pero el Partido Popular dejó esta declaración en los cajones y nunca llegó a la consejería. A pesar de ello, el ministerio competente no ha rectificado; lejos de ello, este verano, con agostidad y alevosía, remitió una carta a los propietarios legítimos de los inmuebles en la que les comunicaba que se incoaban un expediente de recuperación posesoria de sus bienes de dominio público marítimo-terrestre.
La Ley 33/2003, de patrimonio de las administraciones, en su artículo 55, sobre la potestad de la recuperación posesoria, afirma que las administraciones públicas podrán recuperar para sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio. Dice que podrán, no que deberán, y habla de la posesión indebidamente perdida, y aquí nadie ha perdido nunca nada
¿Qué necesidad existía de iniciar este procedimiento ahora, cuando lleva en esta situación desde 1975?
¿Qué piensa hacer la Administración General del Estado con estos inmuebles?,
¿piensa en el derribo?
¿Piensa el Gobierno rectificar respecto a estos inmuebles y estudiar alternativas para estas personas?
¿No cree el Gobierno que está actuando de una manera totalmente injusta con este poblado? Nada justifica esta recuperación; no hay que recuperar nada, los propietarios son los mismos que construyeron legalmente esas viviendas.
Las personas afectadas, como han expuesto en sus alegaciones, nunca recibieron notificación alguna de la incoación, acto de apeo o trámite de audiencia, ni una aprobación definitiva por orden ministerial del expediente de deslinde de 1993, y la correspondiente orden ministerial aprobatoria del deslinde no ha aparecido en ninguna publicación oficial; jamás se aprobó el deslinde, quedándose simplemente en trámites intermedios.
La única resolución que existe es la de la dirección general aprobando el acto y los planos, y, por supuesto, no finaliza con el procedimiento. Al no haberse finalizado el procedimiento del deslinde de 1993, las personas afectadas no fueron notificadas, por lo que no han tenido oportunidad procedimental ni procesal alguna para poder defender sus derechos e intereses legítimos directos y personales. Es indignante que se pretenda derribar un poblado marinero, con su encanto único, asentado de manera legal, con sus preceptivas licencias municipales —viviendas que pagan religiosamente sus impuestos—, y todo por una decisión arbitraria del año 1975, con una legislación franquista, que se complicó más en 1993 con una tramitación incompleta que impidió a las personas afectadas alegar.
Que ahora un ministerio del PSOE pretenda derribar el poblado, siendo este partido imprescindible en su día para la aprobación de barbaridades urbanísticas, que sí tienen un grave impacto ambiental en la misma zona del litoral, con un PAI homónimo y aledaño de más de un 1 millón de metros cuadrados, o el PAI finalmente anulado, pero impulsado por ustedes, de 18 millones de metros cuadrados para el mismo promotor y en la misma zona, hace dudar de las verdaderas intenciones del inicio de esta ocupación o recuperación posesoria.
La vicepresidenta cuarta, ahora tercera, compareció en esta Cámara para atender respuestas sobre este tema y ya le exigimos en su día que paralizase el proceso, que lo declarase nulo, ya que las viviendas están blindadas por el Plan general de 1983 o por las propias licencias otorgadas por Costas. La justificación que en su día dio la ministra es que simplemente había pedido aclaraciones a los propietarios de más de ochenta viviendas sobre la concesión de la que disponen, y eso no ha convencido a nadie; ya lo han aclarado hace meses y no sabemos todavía cuál es la pretensión del Gobierno al respecto.
No pueden decir que no les constan los documentos cuando la propia Dirección General de Costas ha otorgado licencias. Independientemente de los errores, de bulto y grandes, cometidos en la tramitación, pensamos que nada impide al Gobierno rectificar y dejar de hacer el ridículo en este asunto. Si los deslindes anteriores fueron incorrectos, tienen en su mano la posibilidad, según la propia Ley de costas, de hacer un nuevo deslinde que respete la pervivencia de este poblado tradicional y dejar tranquilos a los legítimos propietarios.
Lo urgente en el municipio de Cabanes, como en tantos de las comarcas de Castelló, de València y de Alacant, es que se invierta en regenerar la playa, cosa que nunca han hecho. Prueba de ello es que cuando le preguntamos al Gobierno si había valorado el impacto que había tenido el último temporal Gloria en la playa de Torre la Sal de Cabanes, nos dijeron que el último estudio del Gobierno sobre la situación de esta playa era de 2014.
Le preguntamos por las tres playas del municipio y únicamente contestaron sobre esta, el tramo comprendido entre Torre la Sal hasta Morro de Gos, en Oropesa, y nos dicen eso: que, a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos años con los envites del cambio climático, desde 2014 no han hecho ninguna valoración al respecto y que se dan por satisfechos con las chapuzas que hacen a la hora de regenerar este pequeño trozo de playa
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana