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Desde el pasado 10 de mayo la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación ha externalizado el control técnico de las ayudas de la Política Agraria Común Europea que hasta ahora realizaba el personal funcionario.
Estas ayudas, conocidas comúnmente como ayudas de pago único, tienen por objeto potenciar las buenas condiciones agrarias y medioambientales de los agricultores y ganaderos y se destinan a cítricos, olivares, cereales, frutos secos, arroz, ayudas agroambientales, indemnizaciones a zonas desfavorecidas y primas ganaderas.
Estas ayudas provienen del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, de las Comunidades Autónomas y, en su mayor parte, del Fondo Europeo.
El Fondo Europeo destinó a la Comunidad Valenciana 45 millones de euros el año pasado. En el 2010 está previsto que se triplique esta cuantía. A los agricultores y ganaderos de la provincia de Castellón le corresponderán, este año, aproximadamente 34 millones de euros procedentes de estas ayudas europeas.
Los agricultores y ganaderos pueden solicitar estas ayudas de febrero a abril, y se suelen abonar desde finales del año en curso hasta la primera mitad del año siguiente.
Hasta el pasado 10 de mayo, el personal funcionario de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación gestionaba estas ayudas y realizaba su control en dos fases. La primera fase, administrativa, la dedicaban a comprobar la documentación de los ciudadanos solicitantes y realizaban filtros para depurar y confirmar los datos.
En la segunda fase, técnica, se comprobaba aleatoriamente un 5% de los expedientes, con actuaciones de campo, con el objeto de contrastar la veracidad de los datos de las solicitudes: que las parcelas se ajusten a lo declarado en cuanto a superficie y cultivos y comprobar el correcto estado sanitario de cultivos y ganados.
Esta fase técnica ha sido realizada hasta ahora eficazmente por personal funcionario, tanto por Ingenieros Técnicos Agrícolas como por Ingenieros Agrónomos. En Castellón, la Conselleria empleaba en la fase técnica normalmente a 5 Ingenieros, llegándose en momentos puntuales a disponer de hasta 11 ingenieros para realizar estos controles.
Sin embargo, la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, Maritina Hernández, ha decidido dar un paso hacia la privatización de la fase técnica de control de las ayudas de la Política Agraria Común Europea, asignando esta importantísima tarea a Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa). La retirada de contenidos a los empleados públicos suele ser un anticipo de una futura privatización.
CCOO lamenta que la Consellera, en vez de dedicar personal funcionario del que ya dispone a estas tareas, pese a que sabe que en el País Valenciano se prevé la gestión de 120.000 expedientes durante el 2010, haya optado por destinar recursos económicos de los valencianos para que el control técnico de las ayudas se gestione desde fuera de la propia Conselleria.
CCOO considera que esta medida privatizadora dificulta el acceso a la bondad del control de datos de las solicitudes, apartando al personal funcionario de las funciones que le son propias, que como marca la ley son la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de las Administraciones Públicas.
Además, supondrá menos garantía para los agricultores y ganaderos solicitantes de las ayudas, y los errores que cometa la empresa tendrán que ser subsanados posteriormente por personal funcionario. Se puede dar la paradoja de que un error de la empresa sea visualizado por el agricultor o ganadero como error del funcionario que le esté advirtiendo para su subsanación.
Los errores pueden tener repercusión en la ayuda solicitada, provocando en algún caso su disminución o denegación. Por otro lado, la externalización del control técnico de las ayudas supondrá mayor indefensión de los ciudadanos solicitantes ante procesos reclamatorios.
Otro problema que se genera con la externalización efectuada por la Consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación es la dificultad para garantizar y proteger los datos personales que van a ser gestionados por la empresa Vaersa.
La información sobre el estado de los expedientes de ayudas a los agricultores y ganaderos puede verse afectada negativamente por la intervención de esta empresa externa a la Conselleria. La información antes de la privatización había fluido eficazmente desde el personal funcionario de la Dirección Territorial hasta el personal funcionario de las Oficinas Comarcales, llegando hasta el último rincón de nuestras comarcas, afianzando la deseable proximidad a los ciudadanos que requieren de estas ayudas.
Constituye una burla a la ciudadanía que el personal funcionario sea destinado, por la Consellera, a formar a los empleados de Vaersa, para que estos ejerzan el control técnico de las ayudas de la Política Agraria Común que venía siendo desempeñado, de forma eficaz y eficiente, por los técnicos funcionarios de la propia Conselleria.
En pleno período de crisis, con fuertes recortes en los gastos presupuestarios, es incongruente que se destinen recursos por parte de la Generalitat a financiar empresas externas y no se utilicen los medios propios.
CCOO informó, al respecto, a la Junta de Personal de la Administración de la Generalitat Valenciana en Castellón, en la reunión celebrada el pasado 6 de mayo. Próximamente se valorará la situación y posibles actuaciones para rechazar la privatización del control técnico de las ayudas de la Política Agraria Común Europea.

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