Castelló: La Guardia Civil libera a 61 personas sometidas a explotación laboral
La Guardia Civil, en la denominada operación BRAVOS, ha logrado desarticular una organización criminal especializada en introducir en nuestro país, mediante engaño y abuso de situación de superioridad, a personas del Este de Europa, principalmente de Rumanía y Bulgaria, con el fin de explotarlas laboralmente como temporeros en el sector de los cítricos en provincias como Valencia, Castellón y Lleida.
En la última fase de esta operación, los agentes de la Policía Judicial de la
Guardia Civil a cargo de la investigación, han conseguido liberar a 21 víctimas,
aunque en los últimos meses se ha tomado manifestación a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a sus países de origen siendo sus
declaraciones fundamentales para corroborar los hechos investigados.
Han sido detenidas cinco personas, todas ellas de nacionalidad rumana, a las
que se les imputan delitos de Pertenencia a Organización Criminal y de Trata de
Seres Humanos con fines de explotación laboral, habiendo ingresados cuatro de
ellas en prisión. Las dos personas con más peso en esta organización delictiva
son un matrimonio de origen rumano, M.M y S.M, de 49 y 45 años
respectivamente, afincados en la provincia de Castellón y con antecedentes
policiales por hechos similares.
Captación de víctimas en sus países de origen
Las víctimas eran captadas en sus países de origen, Rumanía y Bulgaria
concretamente, aprovechando siempre alguna situación de vulnerabilidad tanto
económica como personal, ofreciéndoles un contrato de trabajo en España con
remuneraciones en metálico por los trabajos realizados, así como una vivienda
digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral.
Estas personas, ante situaciones personales dramáticas, en la mayoría de casos
provocadas por una escasez de ingresos con los que poder pagar productos
básicos de primera necesidad como medicamentos o comida, no dudaban en
aceptar la oferta, llegándose a pagar ellos mismos el traslado a nuestro país en
autobús o incluso por vía aérea, a pesar de su precaria situación.
Al llegar a España, y una vez distribuidos en distintas casas de la organización, eran recibidos por el citado matrimonio, informándoles éstos de la necesidad de tener que solicitar una serie de documentos para poder trabajar legalmente en España, como por ejemplo el NIE, gestión por la que cobraban a los trabajadores la cantidad de 20 euros.
Estos documentos, una vez solicitados y tramitados, nunca llegaban a ser
entregados a las víctimas. A su vez, los líderes de la organización, con la
finalidad de tenerlos controlados en todo momento, les informaban de que no
podían salir bajo ningún concepto de las casas donde se alojaban, salvo para ir a trabajar, y que para esto tendrían que ir siempre acompañados por personas
pertenecientes a la organización delictiva investigada, aleccionándoles éstos
mismos sobre lo que tendrían que decir ante posibles inspecciones.
Seguidamente, también eran informados de otra serie de circunstancias que se
les iba a exigir desde ese instante, como por ejemplo el pago de 3 euros diarios
en concepto de traslado al lugar de trabajo o el de otros 75 euros mensuales en
concepto de alquiler de vivienda, extremos estos que figuraban sin coste para los trabajadores en las condiciones iniciales.
Engañados respecto a la jornada laboral, las condiciones de trabajo, salarios y alojamiento.
Respecto a la jornada laboral, esta también cambiaba notablemente respecto a
las condiciones ofertadas en origen, ya que en realidad las jornadas diarias de
recogidas de cítricos durarían para estos temporeros, desde las 7.30 horas hasta
las 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para
comer, contemplándose como único descanso laboral el de los días que las
inclemencias meteorológicas no permitiesen la recolección.
Continuando con las irregularidades a las que se les sometía a estos
trabajadores, hay que destacar que el método de pago que se les ofertó en sus
países sería en metálico, cuando, sin embargo, se les obligaba a abrir una
cuenta corriente en una entidad bancaria, con la excusa de que cobrarían
mediante transferencia.
Para este trámite, acompañaban a los trabajadores a distintas sucursales, donde
los propios M.M y S.M hacían de interlocutores y traductores entre los
temporeros y el personal de la entidad, por el desconocimiento del castellano por parte de los primeros, facilitando el matrimonio su propia dirección para
notificaciones, donde llegarían las distintas tarjetas de crédito y débito
contratadas, habiéndose apropiado previamente de la libreta física en el
momento de la apertura de cuenta.
Todo ello permitía al matrimonio retirar a su antojo el dinero ingresado por las
Empresas de Trabajo Temporal en las cuentas corrientes de los trabajadores, en
concepto de nóminas, que son las que posteriormente contratarían legalmente a
las víctimas. Una vez que tenían el control de ese dinero, remitían la mayor parte del mismo a su país de origen, con objeto de blanquearlo. A las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias, descontándoles también sumas
totalmente desproporcionadas en conceptos de deudas contraídas por los
trabajadores, que los mismos nunca llegaban a entender, llegando incluso a utilizar la violencia sobre ellos en el caso de que protestaran por estas
cuestiones.
Otra grave irregularidad detectada por los agentes es que, por convenio, este
tipo de recolecciones se paga legalmente a 1.20 euros por capazo de cítricos,
trasladando los jornaleros éstos desde el frutal hasta pie del camión de
transporte, cuando en realidad, a las víctimas de esta organización delictiva, las obligaban a trasladar cada capazo hasta el citado transporte, además de subirlo y apilarlo en el mismo, labor ésta que legalmente correspondería a otra cuadrilla de trabajadores distinta.
Hacinamiento: hasta 25 personas en tres habitaciones
A todo lo anteriormente expuesto, hay que sumar el hecho de que estas víctimas
dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento y sin ningún tipo de
privacidad en habitaciones compartidas, llegando a contabilizar, en el momento
de los registros, hasta 25 personas en tres habitaciones y una cocina común en
una de las casas de la organización, en condiciones de total insalubridad.
A modo de resumen, y tras más de 60 declaraciones de posibles víctimas, los
agentes han podido constatar y corroborar que las víctimas eran captadas en
sus países de origen mediante engaño y en un claro abuso de situación de
superioridad ante situaciones de total vulnerabilidad, limitándoles su libertad
deambulatoria durante el tiempo que estaban en nuestro país, teniendo que
trabajar en unas condiciones totalmente ilegales conforme al marco jurídico
español, condiciones que se podrían calificar de esclavitud laboral.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Nules
(Castellón) junto a la Fiscal Delegada de Extranjería de Castellón, y llevada a
cabo por la Sección de Trata de Seres Humanos de la UCO y la Unidad
Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, con el apoyo de
unidades como USECIC y Servicio Cinológico.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana