El CES-CV pide a la Administración más recursos para atajar la violencia de género en la Comunitat
Las 10.450 denuncias por violencia de género en la Comunitat Valenciana registradas en la primera mitad de 2021 es un problema preocupante para el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV), que insiste en la necesidad de adoptar medidas para atajar este problema social. La proximidad de la celebración, este jueves 25 de noviembre del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer debe contribuir a hacer reflexionar a la sociedad sobre el alcance de este maltrato que ha generado en los seis primeros meses de 2021 esas más de 10.400 denuncias en nuestra Comunitat, como recoge los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El CES CV se suma a los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e insiste en la necesidad de implementar acciones de prevención y campañas de sensibilización social.
Las estadísticas del CGPJ indican que los órganos judiciales de la provincia de València recibieron entre enero y junio de este año 5.807 denuncias por este tipo de violencia, siendo 3.851 las recogidas en Alicante y 792 en los juzgados de Castellón. Ello hace que, como recoge la ficha de actualidad del CES CV, la tasa de violencia de género por cada 10.000 mujeres en la Comunitat sea en el segundo trimestre del año de 21,8, la segunda más alta tras las Illes Balears que se sitúa en 25,7.
El año 2020, en plena pandemia, la ficha del Comité apunta se cerró con una tasa de 81,5 mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres en la Comunitat Valenciana, también por detrás de las Illes Balears, con 93,8.
En este contexto, desde el CES CV se vuelve a insistir a la Administración que “se doten recursos y se adopten medidas, políticas y disposiciones que garanticen de forma eficaz la protección de las mujeres y la prevención, incidiendo en la formación y sensibilización de toda la sociedad, especialmente de las personas profesionales que tengan que intervenir.
Asimismo, como ya se indicaba en la Memoria Socioeconómica de 2020, el Comité reitera su petición de que “debería garantizarse una respuesta de la Justicia adecuada y eficiente ante la máxima gravedad de estos actos”.
Redacció | Fotografies: Redacció
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