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Castelló: Compromís advierte que, cuando vuelva a gobernar Castelló de la Plana, la prórroga automática del contrato del agua no será una opción
Compromís por Castelló ha criticado duramente que el Pleno de noviembre rechazara la moción para denunciar la finalización de la concesión del servicio de agua potable y crear una comisión de estudio sobre su gestión. La propuesta, presentada por Ignasi Garcia, fue bloqueada por el gobierno de Begoña Carrasco y también por el PSOE.
Garcia recordó que la ciudad continúa funcionando con un contrato firmado en 1983, escrito a máquina, caducado hace más de dos décadas y prorrogado automáticamente por cada gobierno sin justificación ni transparencia.
El contrato original preveía 20 años de duración y permitía prórrogas de 5 años hasta un máximo de 50, siempre que el ayuntamiento no denunciara la finalización. Las prórrogas se han encadenado desde 2003 y la última denuncia posible debería haberse hecho antes del 1 de abril de 2026.
El portavoz de Compromís ha responsabilizado al PP, Vox y al PSOE de impedir abrir el debate sobre un recurso esencial. Reconoce que también en los gobiernos progresistas anteriores la revisión no se impulsó: Compromís la defendió, pero el PSOE no quiso abrir el debate; ahora han vuelto a votar con la derecha.
La coalición recuerda que la concesión actual se basa en el Reglamento de Contractación de 1953 y que la legislación relativa al agua, a los derechos humanos y a la contratación pública ha evolucionado desde 1983. El Estatuto valenciano, la normativa europea y las Naciones Unidas reconocen el agua como un derecho humano, y la actual concesión no permite adaptar la gestión a la sostenibilidad, a los retos climáticos ni al control público.
Además, Compromís denuncia que el Ayuntamiento ni siquiera dispone de datos sobre la recaudación que la empresa obtiene con las tarifas, un hecho que, a su juicio, deja al consistorio sin capacidad real de gobierno de un servicio esencial.
La moción defendida por Garcia planteaba dos acuerdos: denunciar la finalización de la concesión el 1 de abril de 2028 e iniciar el régimen transitorio previsto en el contrato y crear una Comisión No Permanente de Estudio para elaborar el informe de viabilidad económica y definir el mejor modelo de gestión pública, tal como exige la Ley de Contratos del Sector Público.
Garcia subrayó que se trata de transparencia y de modernizar el servicio, y de analizar de forma rigurosa cuál es el mejor modelo para el bien común.
Garcia fue contundente: cuando Compromís vuelva a gobernar, la prórroga automática del contrato del agua no será una opción. Castelló no puede seguir bajo un contrato de 1983 que nadie ha revisado y que impide avanzar en sostenibilidad, transparencia y justicia social.
Lo que está en juego es si la gestión del agua sirve a los intereses de la ciudadanía o de una empresa. Para Compromís, la respuesta es clara: las personas deben estar por encima de los beneficios privados, y en el caso del agua eso pasa por denunciar el contrato de 1983 y evitar que siga prorrogándose.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana




