Carrasco rechaza ayudas urgentes para vendedores afectados por obras del Mercado Central
El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha defendido en el pleno la activación de una línea de ayudas económicas directas para los vendedores y vendedoras del Mercado Central, así como para las floristerías de la plaza Santa Clara, para compensar las pérdidas de ingresos provocadas por las obras iniciadas en octubre y por el cierre provisional del mercado entre el 2 y el 11 de febrero.
La iniciativa parte de una moción del PSPV adaptada a las circunstancias del mercado y de las floristerías, basada en las bases reguladoras de ayudas concedidas a comercios afectados por la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, con el objetivo de garantizar seguridad jurídica, agilidad administrativa y reparto equitativo de los recursos.
El PSPV plantea también asegurar la participación y el diálogo permanente con las personas vendedoras y con las floristerías afectadas.
El gobierno municipal, presidido por Begoña Carrasco, rechazó la moción y, según los socialistas, no solo se negó a aprobar estas ayudas directas sino que descalificó el respaldo económico.
Patricia Puerta, portavoz socialista, criticó la doble cara de Carrasco, afirmando que dice defender el comercio local pero evita protegerlo cuando se requieren decisiones públicas.
La portavoz dejó claro que nadie cuestiona la necesidad de las obras y que desde el Acord de Fadrell ya se trabaja en la remodelación y en la captación de fondos europeos; eso no quita que defendamos que la modernización de la ciudad no se haga a costa de asfixiar a los pequeños negocios familiares.
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha defendido una moción destinada a establecer un reparto equitativo de las actividades y apoyos en los barrios, propuesta que también ha sido rechazada por el gobierno de Carrasco.
Annunciación Láinez, concejala del PSPV, exigió revisar el mapa de barrios y el casco urbano, comunicar el calendario de actividades y un inventario de recursos logísticos disponibles para todas las entidades y que la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios asigne de forma equitativa el reparto de actividades y de apoyos.
La concejala citó la partida Barrios-Gastos diversos, de 170.000 euros, como ejemplo de recursos que no han atendido a numerosos barrios de la periferia y del casco urbano; también señaló que la partida de 45.000 euros para centros cívicos parece un cajón de sastre que no responde a las necesidades.
La portavoz concluyó que la participación ciudadana no puede depender de esquemas presupuestarios que marginen a las entidades vecinales.
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