PPCS exige reforma urgente de la financiación local para frenar la asfixia impuesta por el PSOE
El Partido Popular de la provincia de Castellón (PPCS) reclama una reforma urgente de la financiación local para terminar con la asfixia financiera que, según la formación, impone el PSOE a los ayuntamientos. El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, defiende el papel de las entidades locales como garantes de la buena gestión ciudadana, ahora víctimas de esa asfixia.
Este posicionamiento llega tras el acto celebrado en Barcelona el martes 17, con la presencia del coordinador general del partido, Elías Bendodo, en defensa del municipalismo.
Aguilella afirmó que la Diputación de Castellón y los ayuntamientos son víctimas de una soga impuesta por la negativa del Gobierno central a reformar el sistema de financiación local, un modelo desfasado que retrasa pagos y dificulta que las administraciones utilicen sus ahorros en beneficio público.
Según el líder popular, el Gobierno impide actualmente el uso de los remanentes de tesorería, el dinero generado por una gestión responsable, incluso cuando hay consistorios que demuestran una gestión saneada y deuda controlada.
Aguilella añadió que es incomprensible que quien gestiona bien y demuestra resultados quede encadenado, mientras el Gobierno del PSOE parece no querer cambiar las reglas.
1.850 millones aportados por Castellón: la provincia, con una población que ha crecido hasta los 627.000 habitantes, vio en 2025 una recaudación que superó los 1.850 millones de euros; sin embargo, según el PPCS, el Gobierno de Sánchez recauda cada vez más mientras la provincia recibe menos.
Además, la deuda del Ejecutivo con la provincia supera los 200 millones de euros, correspondientes a la participación en tributos del Estado, lo que el PPCS describe como un triple castigo para quienes cumplen, ahorran y gestionan responsablemente.
Frente a la asfixia, el PP plantea soluciones: dar oxígeno a los ayuntamientos para garantizar servicios públicos y calidad de vida; conseguir libertad para que los consistorios utilicen superávit y remanentes; actualizar la financiación local y pagar la deuda de más de 200 millones; y crear un fondo específico para municipios del interior que ayude a combatir la despoblación.
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