PSPV reclama mayor control en la adjudicación de viviendas de protección pública en Castelló y propone limitar los alquileres en zonas tensionadas
El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha registrado una propuesta para que todos los partidos políticos se unan en el próximo pleno en defensa de la vivienda pública al servicio de la ciudadanía, accesible, asequible y orientadas a cumplir una función social real, en un contexto de emergencia habitacional marcada por el aumento de precios del alquiler, la dificultad de emancipación de la juventud y la precarización de muchas familias.
La declaración institucional, que debe ser votada previamente en la Junta de Portavoces el 23 de marzo, propone derogar el decreto del Consell de diciembre de 2024 sobre Viviendas de Protección Oficial (VPO) y restablecer la aplicación del decreto de 2021 sobre registro de demandantes y adjudicación para las viviendas públicas de iniciativa privada.
Además, el Grupo Socialista reclama mantener la calificación permanente de las VPO de iniciativa pública y recuperar las de la privada, así como ajustar los requisitos económicos y el precio del módulo de VPO para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.
Entre los puntos de acuerdo se defiende la limitación de los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas e insta a realizar una labor de inspección para verificar el uso de las viviendas de protección pública como residencia habitual.
El grupo recuerda que el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y desarrollado por la Ley autonómica 2/2017, que regula la función social de la vivienda.
Las VPO no son un privilegio ni una oportunidad de negocio, sino una herramienta al servicio de las personas y familias con mayores dificultades para acceder al mercado libre de la vivienda y deben ser realmente accesibles, económicamente asequibles y adjudicadas con criterios de justicia social, transparencia e igualdad de oportunidades.
El grupo advierte de graves hechos ocurridos recientemente en Alicante que evidencian una ruptura de estos principios; señalan que es un escándalo que no es aislado, sino una consecuencia de un cambio de modelo en la política de vivienda impulsada por el Consejo del Partido Popular, que debilitó los mecanismos de control y relajó los requisitos de acceso.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, critica además el decreto de diciembre de 2024 como un retroceso evidente y sostiene que facilita usos ajenos al carácter social de las VPO.
En contraposición, los decretos de 2021 y 2023 reforzaban el cumplimiento estricto de la Ley por la función social de la vivienda.
Remitido | Fotografías: Remitido
Amb la col.laboració de: