El PPCS reclama más seguridad para el interior con inversiones en cuarteles y protección del campo
La seguridad es uno de los pilares básicos para luchar contra la despoblación en el interior de la provincia de Castellón, según el secretario ejecutivo del PPCS, José María Andrés, quien destaca que frente al abandono del Gobierno de España el PP es garantía de soluciones reales y eficaces.
Andrés ha compartido las buenas ideas de las políticas del PP en La Jana, un municipio que hoy disfruta de guardas rurales que dan seguridad a las zonas de cultivo y que hoy están más protegidas porque los gobiernos del PP responden.
Para Andrés, esta inversión ha sido crucial, puesto que se garantiza la presencia de profesionales que la Diputación, presidida por Marta Barrachina, financia este año con 300.000 euros en los municipios de interior con menos de 5.000 habitantes. Un servicio que da seguridad a agricultores y vecinos en general y que pone coto a robos indiscriminados gracias a la seguridad eficaz y directa, que ha sido muy bien recibida por alcaldesas y alcaldes.
A esta acción se suman otras, como las inversiones en rehabilitación y acondicionamiento de cuarteles de la Guardia Civil. Aquello que el Gobierno de España abandona es el destino de nuestra acción de gobierno. Así invertiremos este 2026 un montante de 220.000 euros para seguir dignificando instalaciones profesionales, como hemos hecho en municipios como Benassal o Segorbe, y mejorando las prestaciones a los ciudadanos.
Reforzar y no desmantelar.
En este sentido, desde el PPCS mantienen su apuesta por reforzar y no desmantelar los recursos de seguridad que se encuentran localizados en el interior de la provincia. Con un incremento de la criminalidad que supera el 22% y plantillas incompletas en el interior, lo que necesitamos son más efectivos y cuarteles operativos, no desmantelados.
Porque el interior es más fuerte cuando sabe que cuenta con la presencia de la Guardia Civil y casos como el de la zona de Segorbe, con poco más de una veintena de agentes destinados para cubrir 60 municipios y pedanías, provocan una presión insostenible y unos tiempos de respuesta lógicamente dilatados.
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