Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón moviliza a 28 voluntarios para acompañar a migrantes en su proceso de regularización
El equipo jurídico de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, junto a 28 voluntarios formados específicamente para la ocasión, asesora a personas migrantes que acuden a la entidad en busca de información sobre el proceso extraordinario de regularización.
La organización ha diseñado un plan de actuación para facilitar el acceso a la información y acompañar a las personas migrantes a lo largo de todo el procedimiento.
Ha constituido un grupo específico de voluntariado, integrado por 28 personas, encargado de apoyar la recopilación de documentación, la tramitación de expedientes y la presentación de las solicitudes por los canales habilitados.
Entre las acciones destacan la priorización de información veraz y rigurosa para evitar falsas expectativas, y la realización de sesiones formativas para el voluntariado de las Cáritas parroquiales para garantizar una adecuada orientación.
Esta semana, el equipo jurídico organizó una jornada formativa para personal y voluntarios con el objetivo de compartir información y analizar el alcance de la nueva regulación para favorecer una comprensión común.
El acompañamiento incluye también el seguimiento continuo de cada expediente y la resolución de posibles incidencias hasta la finalización del proceso.
El director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Francisco Mir, destaca que en la organización se busca actuar con la máxima diligencia y responder a la confianza que depositan las personas migrantes, siendo conscientes de sus dificultades.
Cáritas Diocesana ha reiterado su respaldo al proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, sumándose a la postura de las principales instituciones de la Iglesia Católica.
Francisco Mir considera que esta medida es no solo conveniente y necesaria, sino inexcusable, al responder al mandato evangélico de acogida y dignificación, a la justicia social y a la defensa de los derechos humanos.
La entidad recuerda que muchas de las personas en situación administrativa irregular pueden contribuir activamente al desarrollo económico y social, especialmente en sectores con alta demanda laboral, y reforzar el sistema de protección social; la dignidad de toda persona debe ser respetada.
La irregularidad administrativa coloca a estas personas en una situación de fuerte vulnerabilidad, limitando su acceso a derechos básicos y exponiéndolas a la discriminación.
Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de migrantes viven en España y el 68% se encuentra en exclusión social.
Según Cáritas Española, en 2024 el 47% de las personas acompañadas no tenía regularizada su situación, lo que equivale a unas 550.000 personas, cifra que ha ido aumentando desde 2019.
La irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a la convivencia social.
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