PP exige más jueces y recursos ante la Ley Bolaños que desborda los juzgados de violencia de género
Sergio Toledo, portavoz del Grupo Municipal Popular, afirma que la Ley Bolaños ha llevado al límite a los juzgados de violencia de género y demuestra que el Gobierno de Sánchez legisla sin medios y de espaldas a la realidad.
El Partido Popular ha presentado una Declaración Institucional para exigir más jueces, más personal y recursos suficientes que garanticen una atención digna y eficaz a las víctimas.
Desde el pasado 3 de octubre los juzgados de violencia de género han pasado a instruir también los casos de violencia sexual fuera del entorno de la pareja, lo que ha duplicado el tiempo de espera en algunos casos.
El 23 de abril de 2026, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha registrado una Declaración Institucional para debatirla en el próximo pleno ordinario del mes de abril, con el objetivo de reclamar la modificación de la conocida como 'ley Bolaños' -- la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia --, al considerar que su aplicación está provocando un grave deterioro en el funcionamiento de los juzgados de violencia de género.
Según denuncian los populares, esta norma ha introducido una reorganización del sistema judicial que contempla la transformación de órganos judiciales unipersonales en tribunales de instancia y la ampliación de competencias de determinados juzgados, todo ello sin una dotación suficiente de medios personales ni materiales.
A su juicio, lejos de mejorar la eficacia del servicio, esta reforma está generando más carga de trabajo, más retrasos y mayores dificultades en la atención a las víctimas.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, ha advertido que 'esta reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha desbordado unos juzgados que ya trabajaban al máximo de su capacidad, provocando más retrasos, más carga de trabajo y una atención cada vez más difícil para las víctimas'.
Desde el Partido Popular denuncian que la asunción de nuevas competencias por parte de los juzgados de violencia de género, unida a la reordenación prevista en la Ley de Eficiencia, se ha llevado a cabo sin planificación real ni recursos suficientes, lo que está provocando importantes deficiencias en la prestación del servicio.
En este contexto, recuerdan que desde el pasado 3 de octubre los juzgados de violencia de género han pasado a instruir también los casos de violencia sexual fuera del entorno de la pareja, una circunstancia que ha provocado que, en algunos casos, el tiempo de espera se duplique.
Toledo ha señalado que 'el Gobierno socialista ha vuelto a poner en marcha una reforma sin planificación real, sin personal suficiente y sin escuchar a los profesionales, vendiendo como eficiencia lo que en la práctica está siendo un auténtico colapso'.
El Grupo Popular recuerda que, según denuncian expertos y operadores jurídicos, ya se están produciendo retrasos de varios meses en los señalamientos, al tiempo que los jueces alertan de una saturación y deterioro progresivo del servicio.
A ello se suman la falta de funcionarios, la pérdida de refuerzos esenciales y los problemas derivados de una implantación incompleta de los sistemas tecnológicos.
Para Sergio Toledo, 'lo más grave es que, una vez más, las consecuencias de la mala gestión del Gobierno de Sánchez las acaban pagando quienes más necesitan una atención rápida y eficaz, en este caso las víctimas, que merecen un servicio de calidad y no una Administración colapsada'.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular plantea instar al Gobierno de España a crear el número suficiente de plazas judiciales para atender el elevado volumen de procedimientos en trámite, así como dotar al nuevo sistema de más medios materiales y personales que permitan garantizar un funcionamiento adecuado de la Justicia.
No se puede hablar de modernización ni de eficiencia cuando faltan recursos, sobran retrasos y se pone en riesgo la atención que necesitan las víctimas. La Ley Bolaños.
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