El Pleno aprueba una modificación de crédito de casi 11 millones para reforzar servicios públicos, movilidad, cultura, educación y comercio
El Pleno aprobó por unanimidad una modificación de crédito por 10.975.605 euros para reforzar servicios públicos, movilidad, cultura, educación y comercio, resultado de una enmienda del Partido Popular.
La alcaldesa Begoña Carrasco destacó que la gestión económica del equipo de gobierno permite estas inversiones y subrayó la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto como fundamentos de la operación.
La continuidad en el servicio de información del MUCC fue aprobada por unanimidad gracias a la enmienda presentada por el Partido Popular.
El concejal de Economía y Hacienda, Juan Carlos Redondo, detalló los puntos de la modificación presupuestaria, que cuenta con informe favorable de fiscalización y se sustenta en tres años de estabilidad presupuestaria.
Redondo afirmó que la modificación demuestra que el gobierno local crea las partidas necesarias, ejecuta proyectos de ciudad y ofrece soluciones reales a las vecinas y vecinos de Castellón.
Entre las partidas se destinan 3,78 millones de euros a garantizar servicios públicos de calidad, 666.000 euros para el nuevo contrato de instalaciones semafóricas, más de 950.000 euros para Cultura y Educación, 395.000 para transporte público y movilidad y 400.000 para mejorar la administración digital y la atención ciudadana.
En comercio, el Ayuntamiento consignará 920.000 euros, de los que 120.000 irán a la logística de las taquillas inteligentes del mercado, 100.000 al convenio con los vendedores del Mercado Central por su traslado provisional y 700.000 al refuerzo de bonos comerciales, hasta volver a alcanzar los 800.000 euros en total.
En vivienda la modificación reserva 1,1 millones de euros, con 400.000 para alquiler joven, 200.000 para la adquisición de vivienda social, y más de 800.000 euros en fase de adjudicación para adquirir la sexta vivienda social, además de 490.000 para ayudas a la rehabilitación.
Begoña Carrasco recordó a la oposición que la Ley de Vivienda Nacional protege a los okupas y ha llevado a esta situación, y afirmó que no han sido capaces de construir viviendas ni de resolver el problema de la vivienda a nivel nacional ni local.
La alcaldesa subrayó que esta es la llamada 'legislatura de la vivienda', en la que se prevé la construcción de más de 3.800 viviendas en Castellón, gran parte de ellas protegidas, y la cesión de solares a la Generalitat para el Plan VIVE.
También señaló que se han destinado 1,5 millones de euros a la adquisición de vivienda social y que se trabajan bases para ayudas al alquiler de jóvenes.
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