PPCS promueve una alianza institucional para frenar la asfixia fiscal de Sánchez a la provincia
El secretario general del PPCS en la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, ha anunciado hoy una alianza institucional para frenar la asfixia social que, según él, impone Pedro Sánchez. Lo ha hecho arropado por los portavoces del PP en Vila-real, Altura, Sant Mateu, Cabanes, Vilafamés, l'Alcora, Bejís, Teresa y la Vall d'Uixó.
Desde que Sánchez aprobó sus últimos presupuestos, vigentes en 2023, los castellonenses han pagado cada año más y recibido menos, con un incremento de impuestos de hasta el 57% frente a una congelación de las entregas a cuenta de la Participación en los Tributos del Estado.
Este 2026 los ayuntamientos ya han dejado de recibir 20,7 millones de euros que por ley les corresponde por recaudación de impuestos como el IRPF o el IVA; el total acumulado desde 2023 supera los 250 millones.
Aguilella subrayó que ese dinero es de los castellonenses y podría destinarse a servicios, inversiones y mejorar la vida de los vecinos. Señaló que el PPCS, junto a todos los ayuntamientos y la Diputación, exigirá con iniciativas institucionales la actualización inmediata de estas entregas a cuenta aplicando criterios reales y actualizados.
El castigo, según los portavoces, afecta al crecimiento y a la población. Adrián Casabó, en Vila-real, indicó que la deuda de ese municipio se sitúa cerca de un millón de euros en 2026 y 12,3 millones desde 2023, y llamó a que el PSOE pague lo que debe.
La Vall d'Uixó, Herminio Serra, explicó que en 2026 ingresaron 200.000 euros menos en abril y 550.000 euros menos en los primeros cuatro meses, por lo que el total desde 2023 supera los 7,8 millones.
En l'Alcora, la deuda asciende a 155.000 euros en 2026 y a más de 2,2 millones desde hace tres años. El alcalde Javier Peris pidió sumarse a la demanda y añadió: Invitamos a Samuel Falomir a que deje de arrodillarse, se levante y luche por lo que los alcorinos merecen.
La convocatoria se extiende a Cabanes y otras localidades para exigir que el reparto de las entregas a cuenta se ajuste a la realidad de la provincia y que la inversión vuelva a la ciudadanía.
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