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Tras el acuerdo de ayer en Les Corts Valencianes, el PPCS reivindica la puesta en marcha del plan de emergencia para la cerámica, impulsado por el PP y aprobado en la comisión de Industria.

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez opte por castigar a la cerámica en lugar de defender en Europa a un sector que genera empleo directo e indirecto para más de 70.000 personas en la provincia.

Añade que la defensa de Castellón exige medidas reales y una posición firme ante Bruselas para evitar que el sector cargue con la mayor parte de los efectos de la actual política energética.

Aguilella advierte que el anuncio de recortes de derechos de emisión para 2026-2030, junto a un incremento de costes ambientales de 200 millones, supone una amenaza para el sector.

Defiende además que la cerámica española es la más eficiente del mundo en consumo energético y con menores emisiones por metro cuadrado producido, aunque recuerda que aún no existen tecnologías viables para sustituir el gas natural en muchos procesos.

El plan de emergencia propuesto por el PPCS propone la compensación de los costes climáticos y el acceso a financiación europea para una descarbonización realista y compatible con la actividad industrial y el empleo.

Aguilella señala que la Comisión Europea ha abierto una consulta pública hasta julio sobre nuevos parámetros de emisiones y plantea la posibilidad de crear parámetros de referencia específicos por sectores.

Afirma que todavía hay margen político para evitar un golpe al sector, si bien hace falta un gobierno que defienda la industria y no que mire hacia otro lado.

La cerámica subraya que da de comer a miles de familias en Castellón, con 70.000 empleos directos e indirectos, y que es un valor añadido para la Comunitat Valenciana y España; advierte que abandonar al sector significaría perder músculo económico.

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