El PSPV registra alegaciones y exige a Begoña Carrasco denegar la licencia para la planta de residuos junto a la carretera de l'Alcora
El PSPV de Castelló ha acusado hoy al gobierno municipal de Begoña Carrasco de incumplir el Plan General para permitir la instalación de una planta de almacenamiento, tratamiento y trituración de residuos de construcción y demolición en el entorno de la carretera de l'Alcora, junto a zonas residenciales y centros educativos del distrito oeste. Así lo han denunciado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta; el portavoz adjunto, José Luis López; y el secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, quienes han exigido la denegación de la licencia ambiental, han anunciado la presentación de alegaciones por parte del PSPV y han mostrado su respaldo a las registradas por los vecinos y vecinas afectados.
José Luis López ha señalado que «el gobierno de Carrasco está intentando trasladar a la ciudadanía la idea de que este proyecto es inevitable y que el ayuntamiento no puede hacer nada, y eso no es verdad». En este sentido, ha recordado que la licencia ambiental «la tramita el actual gobierno municipal» y que el informe urbanístico «puede ser favorable o desfavorable».
El edil socialista ha advertido de que no se trata de «una nave cualquiera ni de una actividad menor», sino de una instalación con «tránsito continuo de camiones, acopio y trituración de escombros, emisión de polvo, ruidos y posibles materiales contaminantes como sílice o amianto», todo ello «muy cerca de viviendas, barrios consolidados y colegios». López ha insistido en que el debate «no es solo ambiental, sino también urbanístico», y ha criticado que PP y Vox pretendan hacer creer que «cualquier actividad industrial vale» en ese sector. «Una cosa es permitir usos compatibles con un entorno urbano y otra muy distinta es instalar una planta de residuos con trituración de escombros junto a casas y colegios», ha afirmado.
Además, ha cuestionado que el gobierno municipal quiera ampararse en una supuesta «licencia provisional» para justificar el proyecto. «No es provisional una actividad con maquinaria de trituración, tránsito constante de camiones y almacenamiento exterior de residuos», ha remarcado.
Falta de rigor urbanístico.
Por su parte, Patricia Puerta ha alertado de que «no estamos ante un caso aislado, sino ante un patrón que se repite y que define el modelo de ciudad del Partido Popular». En este sentido, ha denunciado «la falta de rigor urbanístico» del ejecutivo local y ha recordado precedentes recientes, como la gasolinera de Rafalafena o el apartahotel de la Marjaleria. «Intentaron sacar adelante ambos proyectos retorciendo el planeamiento urbanístico, pero gracias a la presión vecinal y al trabajo del Partido Socialista tuvieron que acabar renunciando», ha señalado.
Patricia Puerta ha advertido además de que el gobierno de Begoña Carrasco «vuelve a actuar pensando más en determinados intereses privados que en la calidad de vida de los vecinos y vecinas».
La ciudad del amiguismo
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