Carrasco da marcha atrás con la planta de residuos en la carretera de l'Alcora por presión vecinal e incompatibilidad con el Plan General
El Grupo Municipal Socialista de Castelló afirma que la alcaldesa Begoña Carrasco se ha visto obligada a recular respecto a la planta de residuos prevista en la carretera de l'Alcora gracias a la presión vecinal, a las alegaciones de cientos de afectados y al trabajo político y jurídico desarrollado por el PSPV.
El portavoz adjunto del PSPV, José Luis López, critica al gobierno por intentar reescribir la historia para ocultar que se estaban preparando las bases para autorizar una planta de tratamiento y trituración de residuos contaminantes junto a barrios residenciales y centros educativos.
Añade que hace pocos días el PP afirmaba que la planta no se podía parar y que el Ayuntamiento no tenía margen de actuación; ahora se demuestra que mentían y que el proyecto no encajaba con el planeamiento urbanístico.
Los socialistas subrayan que sus alegaciones advertían de la incompatibilidad urbanística de la actividad planteada, por tratarse de una instalación de almacenamiento, tratamiento, trituración y valorización de residuos de construcción y demolición con tránsito constante de camiones y efectos ambientales incompatibles con un sector terciario-residencial.
López desmonta el argumento de Carrasco para culpar al anterior gobierno de la ciudad, asegurando que el Plan General no permitía cualquier actividad industrial y que la planta podría frenarse gracias a que la actividad no encaja en el sector Cassanya.
El portavoz señala que Carrasco pretende presentarse como defensora de los vecinos pese a que su gobierno habría asegurado a los vecinos que la planta se haría sí o sí, actuando por detrás.
Advierte que seguirá vigilante ante cualquier intento de mantener en la zona actividades logísticas o de tránsito intensivo de camiones vinculadas al proyecto inicial.
Los socialistas consideran que este episodio revela un patrón preocupante del gobierno de Begoña Carrasco, que actúa a remolque de la presión ciudadana y antepone intereses empresariales al interés general, recordando casos como la gasolinera de Rafalafena y el apartahotel de la Marjaleria, que fueron detenidos por denuncias públicas y quejas de los residentes.
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