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Compromís per Castelló denuncia que la denominada Llei de Llibertat Educativa impulsada por el gobierno de Carlos Mazón está demostrando ser un fracaso y una estafa para muchas familias, tras conocerse el caso del CEIP Carles Salvador de Castelló, donde varias familias denuncian que no podrán escolarizar sus hijos en valenciano a pesar de ser la opción mayoritariamente elegida.

Ignasi García, portavoz de Compromís en l’Ajuntament de Castelló, ha recordado que el Partit Popular justificó la ley asegurando que las familias podrían elegir libremente la lengua en la que estudiarían sus hijos. «El Partit Popular no sólo incumplió la propia ley que creó impidiendo que en las comarcas castellanoparlantes las familias que querían estudiar en valenciano pudieran hacerlo, sino que ahora también está incumpliendo su palabra en Castelló», afirmó.

Garcia recordó las declaraciones del Consell durante la tramitación de la norma, cuando aseguraban que sería «sagrada» la libertad de elección de las familias. «Nos dijeron que la libertad era sagrada, que las familias podrían escoger la educación de sus hijos y que estudiarían en la lengua que habían elegido. Hoy sabemos que eso era mentira. Las familias de Castelló no pueden elegir la lengua en la que estudian sus hijos», lamentó.

Para el portavoz de Compromís, el caso del CEIP Carles Salvador evidencia que la normativa no responde a criterios educativos ni pedagógicos. «La realidad es que esta ley se hizo con tres objetivos muy claros: reducir las horas de valenciano, generar división entre las familias y dificultar una buena organización pedagógica de los centros», señaló.

Garcia defendió que el modelo lingüístico anterior contaba con el aval de la comunidad educativa, de los profesionales de la pedagogía y de los expertos en sociolingüística. «Era un modelo que garantizaba el aprendizaje del valenciano, del castellano y también del inglés, que ofrecía seguridad a las familias y que permitía a los centros organizarse con criterios pedagógicos. El modelo del PP ha convertido la matrícula escolar en una lotería», afirmó.

Desde Compromís también advierten que la nueva normativa dificulta la organización de los centros educativos y limita la capacidad de los equipos docentes para adoptar las decisiones más adecuadas para el alumnado. Según García, la separación obligatoria por lengua base impide aplicar otros criterios educativos vinculados a las necesidades específicas del alumnado, el equilibrio de los grupos o la convivencia escolar.

Además, el portavoz recordó que la propia ley ya mostró su voluntad de discriminar el valenciano cuando impidió que familias de las zonas castellanoparlantes pudieran acceder a una educación mayoritariamente en valenciano a pesar de haberlo solicitado mayoritariamente.

«Cada día queda más claro que esta ley no estaba pensada para mejorar la educación ni para dar más derechos a las familias. Estaba pensada para reducir la presencia del valenciano en las aulas y para generar un conflicto que antes no existía», aseguró García.

Finalmente, Compromís ha pedido a la Conselleria de Educación que atienda la demanda real de las familias del CEIP Carles Salvador y autorice las modificaciones necesarias para que la oferta lingüística del centro responda a las preferencias efectivamente manifestadas durante el proceso de admisión.

«Las familias de Castelló merecen que se respete su decisión. Y merecen también una alcaldesa que defienda sus intereses»

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