Compromís defiende un modelo energético al servicio del territorio y reclama poner límites a las macroinstalaciones
Compromís en la Diputación de Castellón defiende un modelo energético basado en energías renovables, pero compatible con la protección del territorio, el paisaje y la calidad de vida de los municipios.
La coalición mantiene que la descarbonización es irrenunciable, pero advierte que no puede hacerse a cualquier precio ni concentrar las grandes infraestructuras en los mismos territorios.
El portavoz David Guardiola afirmó que nadie cuestiona la necesidad de acelerar las renovables; el debate reside en si el modelo beneficia a grandes fondos de inversión o genera oportunidades para los pueblos respetando el territorio.
Guardiola subrayó que durante los últimos años las comarcas de Castellón han acumulado numerosos proyectos de macroinstalaciones fotovoltaicas, líneas de alta tensión y grandes instalaciones vinculadas al sector, lo que ha generado preocupación entre ayuntamientos y vecinos por sus impactos ambientales, agrícolas y paisajísticos.
El territorio no puede soportar la carga mientras los beneficios se quedan fuera; la transición debe ser justa y distribuir la riqueza con el consenso de los municipios afectados.
Propone un modelo basado en generación distribuida, autoconsumo y comunidades energéticas locales para permitir a ayuntamientos, cooperativas, empresas y vecinos participar directamente en la producción y reducir la factura eléctrica.
También propone incrementar las ayudas para que los municipios instalen placas solares en edificios públicos, mejoren la eficiencia energética y cuenten con asistencia técnica, especialmente en pueblos sin personal especializado.
Estas medidas forman parte de los ejes estratégicos para impulsar los pueblos de Castellón.
Guardiola afirmó que las renovables deben servir para reforzar la autonomía energética municipal, reducir la despesa pública y generar actividad económica local, y que no tiene sentido llenar el territorio de macroinstalaciones si muchos ayuntamientos carecen de recursos para impulsar proyectos propios.
Concluyó que la Diputación debe jugar un papel activo defendiendo los intereses municipales ante grandes proyectos energéticos, facilitando asesoramiento técnico y jurídico y velando por criterios ambientales, agrícolas y territoriales, porque la mejor política energética es aquella que sitúa a las personas en el centro y prioriza la planificación y la participación municipal.
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