Compromís valora remitir a Fiscalía las declaraciones de Alberto Vidal por posible delito de odio; Ruiz acusa a Carrasco de normalizar un discurso que señala a extranjeros
Compromís valora llevar a Fiscalía las declaraciones del regidor de Vox Alberto Vidal para determinar si pueden constituir un delito de odio. La formación señala el video en el que Vidal pidió la expulsión de los moros y recuerda que ya había pedido que Begoña Carrasco lo apartara del gobierno municipal.
Verónica Ruiz advierte que no se puede permitir que un regidor del gobierno de la ciudad utilice su proyección pública para criminalizar y señalar a personas por su origen, procedencia o religión. Están estudiando las declaraciones y valorando trasladarlas a Fiscalía para que sea la autoridad correspondiente la que determine si se ha traspasado la frontera penal.
Ruiz enfoca su crítica en la respuesta de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que en el pleno se negó a retirar las competencias a Vidal y circunscribió la polémica a Ceuta, afirmando que lo de Ceuta ha sido una invasión. Carrasco también defendió que las declaraciones de Vidal se produjeron en sus redes personales y no en el ejercicio de sus funciones.
Ruiz añade que Carrasco intenta reducir todo a una discusión sobre Ceuta, pero esto no va de Ceuta; se está hablando de un regidor del gobierno que solicita expulsiones y señala a personas por su origen, procedencia o religión, y que muchas de estas personas son vecinas y vecinos de Castellón.
Para la diputada valencianista, la responsabilidad política de la alcaldesa no termina en la discrepancia con las palabras de su socio de gobierno. Cuando la alcaldesa se niega a actuar ante estas declaraciones, contribuye a normalizar un discurso que pone en tela de juicio a las personas extranjeras y recién llegadas, y eso afecta a la convivencia y a la sensación de seguridad en la ciudad.
Ruiz advierte que cuando se señala reiteradamente a un colectivo y se le presenta como un peligro o una invasión, se genera un clima muy preocupante. Las instituciones tienen la obligación de proteger los derechos de todas las personas y de no contribuir a estigmatizar a nadie por su origen o procedencia.
Compromís considera especialmente grave que Vidal siga ostentando responsabilidades dentro del gobierno municipal tras estas declaraciones y recuerda que Carrasco se negó a retirarle las competencias. No es una persona anónima haciendo un comentario en Internet; es un regidor que representa una institución y tiene responsabilidades públicas, y la alcaldesa no puede mirar hacia otro lado.
Castelló es una ciudad diversa y las personas que han venido a vivir aquí forman parte de la ciudad. La prioridad del gobierno debe ser garantizar la convivencia, los derechos y la seguridad de todas las personas, y no permitir que desde el gobierno se alimente el señalamiento de una parte de la ciudadanía.
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