Compromís denuncia que Carrasco y Ortolá utilizan dinero público para perseguir y silenciar movimientos sociales en Castelló
El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado la persecución ejercida por el gobierno de Begoña Carrasco y Vox contra los movimientos sociales de la ciudad, tras conocer nuevas denuncias contra el centro social La Cosa Nostra.
El portavoz de la formación, Ignasi Garcia, ha acusado al ejecutivo municipal de usar sanciones y recursos públicos para silenciar a colectivos que no comparten la ideología del PP y Vox.
El dirigente añadió que 'el sectarismo del gobierno del PP y Vox está haciendo que el Ayuntamiento persiga a los movimientos sociales y a los colectivos que no piensan como ellos, presentando denuncias sin sentido que terminan perdiéndose en los tribunales y que nos cuestan recursos y dinero público a todos los castellonenses'.
Garcia recordó que una de las primeras decisiones del gobierno de Carrasco y Ortolá fue modificar la normativa de ocupación de la vía pública, una medida que, a su juicio, tenía como objetivo dificultar que determinadas organizaciones desarrollaran sus actividades en las calles y plazas de Castelló.
En este sentido, señaló que 'primero cambiaron las normas para intentar impedir que los colectivos que no les gustan pudieran usar el espacio público y ahora continúan con una política de multas para coartar derechos y libertades'.
Garcia rememoró los hechos de noviembre de 2023, cuando la Policía Local retiró mesas y sillas de una actividad organizada en la plaza de l'Ereta en el marco de una jornada de solidaridad con el colectivo feminista Subversives.
'Vimos la imagen lamentable de la Policía Local retirando mobiliario para impedir una actividad feminista. Y ahora vemos como el PP intenta sancionar a personas que simplemente estaban en la calle hablando', afirmó.
Además, Compromís alertó del coste económico de estas actuaciones, al señalar que los procedimientos judiciales requieren recursos de los servicios jurídicos municipales y que, si hay condena en costas, se generan gastos que acaban asumiendo los castellonenses.
'Castelló debe ser una ciudad tolerante, plural y respetuosa con las diferentes maneras de pensar, no una ciudad donde el gobierno utilice el Ayuntamiento para perseguir a quien discrepa', concluyó Garcia. 'La señora Carrasco debería destinar los recursos municipales a resolver los problemas de la ciudadanía, en lugar de malgastarlos en su sectarismo y en la obsesión de silenciar los movimientos sociales'.
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