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Compromís - Front Valencià sitúa el encarecimiento de la vida y la pérdida de poder adquisitivo de las familias entre sus prioridades, con propuestas para mejorar los salarios, reducir el coste de los productos de primera necesidad y garantizar el acceso a los suministros básicos.

Ignasi García, candidato de la coalición al Congreso de los Diputados por Castellón, advierte que la inflación interanual en la provincia se sitúa en el 5% y que los suministros básicos han subido un 7,2%, una coyuntura que afecta especialmente a las familias con hijos y a las personas con menores ingresos.

«Es una auténtica indecencia ver cómo las grandes empresas energéticas anuncian beneficios multimillonarios mientras las familias no llegan a fin de mes. Cada vez cuesta más llenar la nevera, pagar el alquiler o la hipoteca y hacer frente a las facturas de la luz y del agua. No podemos permitir que, mientras unos acumulan beneficios espectaculares, muchas familias deban decidir qué productos básicos pueden comprar o si pueden encender el aire acondicionado en plena ola de calor», denuncia García.

El candidato subraya que el encarecimiento de la cesta de la compra tiene consecuencias directas sobre la alimentación y la salud de las familias, especialmente de las que tienen hijos. La subida de precios obliga a modificar hábitos de consumo, reducir la compra de productos frescos o buscar alternativas más económicas, lo que dificulta mantener una dieta saludable y equilibrada.

«Comer bien no puede convertirse en un privilegio. No es aceptable que una familia tenga que renunciar a pescado, carne, fruta o verdura fresca por los altos precios. La alimentación es una cuestión de salud e igualdad, y las administraciones deben garantizar que todas las personas puedan acceder a productos básicos de calidad, independientemente de sus ingresos», afirma.

En este sentido, la coalición propone reforzar los mecanismos de control ante posibles abusos en la cadena alimentaria, favorecer la producción de proximidad y garantizar que agricultores y ganadores reciban precios justos por sus productos. Defiende un modelo que proteja a las personas consumidoras y a las productoras y que evite que los incrementos de precios se traduzcan en mayores márgenes para intermediarios mientras el campo continúa atravesando dificultades.

Salarios dignos y una energía al servicio de las personas. García también pone el foco en el encarecimiento de los suministros básicos y en la necesidad de impulsar una transición energética que contribuya a reducir las facturas de los hogares. Advierte que las consecuencias del cambio climático, con temperaturas cada vez más altas y olas de calor, hacen aún más necesario garantizar el acceso a la energía y adaptar viviendas y servicios públicos a las nuevas condiciones climáticas.

«No puede ser que haya familias que tengan que apagar el aire acondicionado en plena ola de calor porque no pueden pagar la factura de la luz. La energía es una necesidad básica y la transición ecológica debe servir para mejorar la vida de la gente, no para agravar las desigualdades», sentencia García.

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