Diversos colectivos cívicos han exigido la paralización de las obras de ampliación Norte del Puerto de València, debido a la falta de evaluación ambiental obligatoria.
Arrels del Canvi, València no està en Venda, el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), BDS País Valencià y la Comissió Ciutat-Port lideran la convocatoria para detener estas obras perjudiciales.
El informe solicitado por el TSJ-CV indica que las obras actualmente en curso carecen de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) necesaria, y contradicen el argumento de las autoridades portuarias.
El gasto público de más de 600 millones de euros en estas obras preocupa a los colectivos, ya que afectarían negativamente la calidad de vida de los habitantes y el entorno natural de València.
La catástrofe de la DANA en 2024 evidenció la necesidad de respetar la naturaleza y los ecosistemas, por lo que los ciudadanos piden que el puerto de Valencia se enfoque en el interés general y no en intereses privados.
En lugar de servir como transporte de material armamentístico, los colectivos abogan por que los puertos sean garantías de derechos humanos, paz y justicia.
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