El Gobierno pone en riesgo el suministro energético de la Comunitat Valenciana al retrasar la continuidad de Cofrentes
El portavoz de Industria del Grupo Popular en Les Corts, Salvador Aguilella, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de poner en riesgo la soberanía energética de la Comunitat Valenciana al seguir retrasando la decisión sobre la continuidad de la central nuclear de Cofrentes 'por pura ideología'.
Aguilella señala que mientras las instituciones europeas reconocen cada vez con más claridad el papel de la energía nuclear para garantizar seguridad de suministro, competitividad industrial y reducción de emisiones, el Ejecutivo socialista mantiene una política energética marcada por 'la ambigüedad, los bandazos y la falta total de claridad', según el propio Aguilella tras el enfrentamiento entre la vicepresidenta europea Teresa Ribera y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
'El PSOE ha pasado de rechazar frontalmente la energía nuclear a promover en Bruselas el desarrollo de nuevos reactores, mientras en España sigue defendiendo el cierre de las centrales. Es un doble discurso que genera incertidumbre y debilita nuestra credibilidad', ha indicado.
Esta falta de coherencia, ha advertido, puede tener consecuencias económicas graves y hacer que España pierda miles de millones de euros en inversiones estratégicas vinculadas a la industria o la innovación.
Aguilella ha recordado que el nuevo escenario internacional y la creciente preocupación por la seguridad del suministro energético están reabriendo el debate sobre la necesidad de combinar fuentes renovables con otras estables como la nuclear. 'Mientras que la propia presidenta de la Comisión Europea ha reconocido que fue un error renunciar a la energía nuclear, el Gobierno de Sánchez sigue anclado en planteamientos ideológicos que no responden a la realidad', ha subrayado.
En este contexto, ha pedido al Gobierno que rectifique y abandone 'la cada vez más clamorosa soledad en la que ha quedado en Europa y en el mundo con su persistente, retrógrada y empobrecedora hostilidad hacia la energía nuclear'. Por eso, el portavoz de Industria del GPP ha reclamado al Ejecutivo central que aclare de una vez cuál será el futuro de la central de Cofrentes, cuyo cierre está previsto para 2030 aunque la propietaria ya ha anunciado que pedirá que se prolongue. De llevarse a cabo, su clausura pondría en riesgo la viabilidad de más de 12.000 empresas industriales y el futuro de más de 180.000 trabajadores vinculados al sector. Además, provocaría subidas en la factura eléctrica de hasta un 23% en los hogares y un 35% en las empresas.
Aguilella ha alertado de que retrasar la decisión sobre Cofrentes afecta directamente a la seguridad energética, el empleo y la competitividad de la Comunitat Valenciana. 'Por responsabilidad, el Gobierno debe permitir la prolongación de la vida útil de la central y abandonar una política energética basada en prejuicios', ha concluido.
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