La Unió reclama ayudas urgentes para explotaciones citrícolas obligadas a arrancar árboles por la clorosis nervial amarilla
El cultivo del limón es el sector más afectado por una enfermedad cuya presencia está ya confirmada en toda la Comunitat Valenciana.
La Unió Llauradora ha pedido a la Conselleria de Agricultura que habilite una línea de ayudas específica y urgente para las explotaciones citrícolas obligadas a destruir árboles a causa de la presencia oficial del virus de la clorosis nervial amarilla.
Las medidas oficiales implican un impacto económico importante para los productores afectados, que se ven obligados a eliminar su capital productivo sin compensación alguna.
El 4 de mayo de 2026, La Unió Llauradora solicitó a la Conselleria de Agricultura que habilite una línea de ayudas que contemple de forma integral la indemnización por el valor de las plantaciones destruidas, la pérdida de renta durante el periodo sin producción, ayudas a la replantación y para cubrir los costes de arranque y eliminación de los árboles, si no son asumidos por la Administración.
La organización exige que estas ayudas se tramiten con carácter urgente mediante procedimientos simplificados, dada la inmediatez de las obligaciones impuestas a los agricultores y el impacto económico directo que conllevan.
La resolución publicada el 21 de abril de 2026 por la Dirección General de Producción Agricola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura declara la presencia del Potexvirus citriflavivenae (virus de la clorosis nervial amarilla) y establece medidas obligatorias de erradicación y control en la Comunitat Valenciana, especialmente en Baix Vinalopó y Vega Baja.
Entre estas medidas figura la destrucción total de los árboles en parcelas infectadas en un plazo máximo de quince días, bajo control de la Administración, medida que enmarca la normativa para evitar la propagación pese a la ausencia de tratamientos curativos.
Esta situación, advierte La Unió, genera un desequilibrio entre la necesidad de proteger el interés general y la carga económica que asumen las explotaciones, ya que no se ha articulado todavía un mecanismo específico de compensación.
Además de la pérdida inmediata de producción, la destrucción implica la retirada de una inversión acumulada y un periodo sin ingresos hasta la entrada en producción de nuevas plantaciones, sumado a los costes directos de arranque y posibles gastos de replante.
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