Colectivo IMV Afectados acusa al Gobierno de ignorar recomendaciones del Defensor del Pueblo sobre reintegros del Ingreso Mínimo Vital
Ante los últimos acontecimientos relacionados con la negativa del Gobierno de España a aceptar las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo respecto a los reintegros del Ingreso Mínimo Vital, el Colectivo IMV Afectados y Afectadas emite un pronunciamiento público.
La situación que viven miles de familias vulnerables en todo el país es moral, social y políticamente insostenible.
Actualmente, miles de personas beneficiarias del IMV están siendo sometidas a reclamaciones económicas derivadas, en muchos casos, de errores administrativos, revisiones tardías y procedimientos injustos que empujan a familias ya empobrecidas hacia situaciones límite.
Embargos, endeudamiento, miedo constante, bloqueo vital e incluso riesgo de pérdida de vivienda describen la realidad de estas personas afectadas.
Lo más grave es que el propio Ángel Gabilondo —la máxima institución encargada de velar por los derechos de la ciudadanía frente a la Administración— ha advertido formalmente del daño que está causando el actual sistema y ha recomendado modificar la normativa para limitar estos perjuicios tras detectar consecuencias reales y devastadoras sobre miles de familias vulnerables.
Sin embargo, el Gobierno ha decidido rechazar dichas recomendaciones.
El mismo Gobierno que se presenta como garante de la justicia social ha optado por ignorar las advertencias de la institución encargada precisamente de defender a la ciudadanía más vulnerable.
La contradicción política y ética es evidente.
El Ingreso Mínimo Vital nació como una herramienta para combatir la pobreza y la exclusión social. Sin embargo, hoy existen miles de familias que sienten que esta prestación se ha convertido en una trampa burocrática de la que no pueden escapar.
Esto ya no es un problema administrativo aislado. Es un problema de Estado en materia de protección social.
No se puede construir un discurso de protección social mientras se obliga a familias vulnerables a devolver cantidades imposibles años después, muchas veces sin información clara, sin capacidad real de defensa y soportando las consecuencias de fallos administrativos ajenos.
No se puede hablar de justicia social mientras se ignoran las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Desde el Colectivo IMV Afectados y Afectadas exigimos responsabilidad política, humanidad y voluntad real de corregir esta situación.
Y exigimos al Partido Socialista Obrero Español que decida de qué lado quiere estar: del lado de la protección social real o de una maquinaria administrativa que está destruyendo la vida de miles de familias vulnerables.
Al resto de fuerzas políticas les exigimos dejar de utilizar nuestro sufrimiento como arma partidista y registrar de inmediato iniciativas legislativas concretas, modificaciones legales y enmiendas destinadas a blindar jurídicamente a las personas perceptoras del IMV frente a estos abusos.
Si no vemos pasos normativos reales y propuestas registradas en el Congreso de los Diputados, entenderemos que existe una falta de voluntad política real para proteger a las familias afectadas.
Al PSOE le decimos con claridad: ya no hay margen para la inacción, las excusas burocráticas ni el cruce de reproches partidistas.
Exigimos: la rectificación inmediata de su postura; la aceptación de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo; y el registro urgente de una reforma legislativa de la Ley del Ingreso Mínimo Vital que elimine de forma definitiva la retroactividad punitiva de las revisiones y garantice seguridad jurídica a las familias afectadas.
Porque la protección social no puede convertirse en una condena.
Porque ningún sistema de protección social puede sostenerse permitiendo que las familias afectadas caigan en la ruina por fallos administrativos ajenos.
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