LA UNIO reclama a la Generalitat un plan urgente frente a parcelas agrarias abandonadas que generan riesgos fitosanitarios y ambientales
LA UNIO exige a la Generalitat Valenciana, a través de las Consellerías de Agricultura y de Medio Ambiente, la puesta en marcha urgente de un Plan Valenciano de Actuación frente a parcelas agrarias abandonadas, infrautilizadas o sin mantenimiento adecuado que generan afecciones directas sobre explotaciones profesionales, riesgos fitosanitarios y problemas ambientales y territoriales.
La propuesta advierte de que la Comunitat Valenciana sufre desde hace años un proceso sostenido de regresión de la actividad agraria en determinadas zonas y cultivos debido a factores estructurales como la baja rentabilidad, el envejecimiento de los titulares de explotaciones, la falta de relevo generacional o la fragmentación parcelaria. Sin embargo, el documento presentado por LA UNIO centra el foco en aquellas parcelas abandonadas cuya situación provoca externalidades negativas sobre terceros y sobre el interés general.
Entre los principales problemas detectados destacan la proliferación de plagas y enfermedades vegetales, la expansión de malas hierbas y especies invasoras, el incremento de costes para las explotaciones profesionales colindantes, la pérdida de eficacia de las estrategias colectivas de control fitosanitario y el aumento del riesgo de incendios, especialmente en zonas de interfaz agrícola-forestal.
La iniciativa recuerda que existe base jurídica suficiente tanto en la normativa europea como estatal y autonómica para que la administración actúe ante situaciones objetivas de riesgo fitosanitario, degradación territorial o peligro ambiental. En este sentido, están el Reglamento Europeo de Sanidad Vegetal, la Ley estatal de Sanidad Vegetal y la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana, entre otras disposiciones.
Asimismo, La UNIO Llauradora plantea la necesidad de superar el actual modelo reactivo basado únicamente en denuncias particulares y avanzar hacia un sistema preventivo y coordinado apoyado en herramientas tecnológicas de monitorización territorial, teledetección, SIGPAC y sistemas de información geográfica.
La propuesta solicita a las dos Consellerías competentes la elaboración de un protocolo autonómico específico con criterios homogéneos para identificar y gestionar situaciones de riesgo fitosanitario, proliferación de vegetation invasora, riesgo de incendio o degradación funcional del suelo agrario.
Además, demanda la creación de un mecanismo estable de detección temprana y actuación preventiva basada en riesgo objetivo, que permita identificar de forma anticipada parcelas problemáticas y activar actuaciones administrativas antes de que los daños se consoliden o propaguen.
Entre las medidas planteadas también figuran la creación de un canal simplificado de comunicación de incidencias, protocolos formales de coordinación entre Generalitat y ayuntamientos, actuaciones inspectoras prioritarias, mecanismos de ejecución subsidiaria cuando exista incumplimiento de obligaciones y la activación efectiva de instrumentos como bancos de tierras, cesión voluntaria, arrendamientos agrarios o fórmulas de gestión agrupada.
Igualmente, se propone constituir un grupo técnico estable de seguimiento con participación de la administración autonómica, entidades locales y organizaciones profesionales agrarias representativas.
LA UNIO considera que esta problemática ya no puede abordarse únicamente como una cuestión privada vinculada a la titularidad de las parcelas, sino como un asunto de interés público.
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