La Unió de Llauradors exige un plan inmediato de arranque de viñedo para afrontar la crisis del sector
La Unió Llauradora reclama la urgencia de un plan de arranque definitivo, con criterios sociales, que consensúe tanto las condiciones de admisibilidad como los criterios de prioridad para el ajuste de la superficie de viñedo.
La organización considera que este plan es una de las medidas necesarias para ayudar a paliar el impacto de la crisis que atraviesa el sector desde hace algunos años y que incide de forma especial en el sector productor. Los resultados de las últimas campañas para los productores valencianos ponen de manifiesto que se trata de una medida totalmente necesaria, dado que los precios en origen de las variedades con mayor superficie cultivada han sido bajos y el mercado se tensiona al resentirse el consumo.
La UNIO señala que, si la entrada en vigor de la reglamentación comunitaria necesaria se retrasa hasta julio de 2026, si las CCAA no realizan una prospección de las superficies que podrían verse afectadas por este arranque y si la cosecha próxima eleva el volumen de disponibilidades de vino y mosto a niveles elevados, el efecto en los precios de la uva y del vino en origen y el arranque sin ayuda alguna seguirá registrando descensos generalizados que ponen en serio riesgo la continuidad de muchas explotaciones vitivinícolas.
Por otra parte, la organización insiste en que la ficha financiera de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), de 202,14 millones de euros, debe destinarse para aquellos viticultores y otros agentes del sector que desean continuar con la actividad vitivinícola.
«No es de recibo que mientras Francia ha puesto encima de la mesa 250 millones de euros en dos años (2025 y 2026) para el arranque de unas 60.000 hectáreas con fondos de Estado, además de 40 millones de euros para destilación de crisis de la reserva de crisis comunitaria, con todas las bendiciones comunitarias, aquí estemos esperando a resolver la duda de si son galgos o podencos, si los fondos han de ponerlos la Administración central o las CCAA, que obvian el desastre que se avecina en base a las previsiones de la próxima vendimia».
La Unió manifiesta asimismo que la Intervención Sectorial debe ser obligatoria para las EEMM, dotada económicamente con niveles de financiación, cuando menos, similares a los actuales y eliminando la cofinanciación del 30 % de las EEMM, tal como figura en los borradores de la nueva PAC 2028-2034 para las Intervenciones Sectoriales.
Reducción creciente de la demanda: Al mismo tiempo, la organización ha confirmado la tendencia de las bodegas a reducir la demanda de uva de sus proveedores, circunstancia que se repite en numerosas DOs en un contexto de expectativas de producción elevada condicionadas por la evolución de la climatología en los dos próximos meses.
La legislación secundaria y su traslación al marco normativo estatal, los esfuerzos de la oferta por colocar nuevos productos en los mercados interno y externo no logran conjurar el fantasma de la caída del consumo, tanto en la UE como en el resto del mundo, señalan los responsables de La Unió.
Por otra parte, se ha planteado la existencia de prácticas fraudulentas mediante la sustitución de alcoholes vinícos por alcoholes de otros orígenes, algo reiterativo a lo largo de las últimas campañas. El mismo escenario se da en la producción de mostos, por lo que se ha exigido una mayor efectividad en los controles de las distintas administraciones implicadas.
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