Dos años después de la DANA: colectivos valencianos exigen una reconstrucción con justicia social, ambiental y agroecológica
Dos años después de la DANA, la reconstrucción no puede limitarse a reparar infraestructuras de hormigón; debe apostar por la justicia social, ambiental y agroecológica.
Más de una decena de organizaciones, entre ellas Greenpeace, asociaciones de víctimas y colectivos vecinales, presentaron hoy el manifiesto conjunto Del hormigón a la justicia social, ambiental y agroecológica.
El manifiesto propone un decálogo de demandas con medidas urgentes, que incluyen una moratoria inmediata de proyectos en zonas inundables, la renaturalización de las riberas y de las huertas, y políticas que garanticen el derecho a la vivienda y a la movilidad colectiva.
La alianza también reclama el fin de los combustibles fósiles y propone impuestos extraordinarios a las multinacionales petroleras y gasistas para evitar que el coste de estas catástrofes recaiga en la ciudadanía.
La coalición advierte que dos años después de la tragedia y ante nuevos episodios de lluvias torrenciales, las administraciones siguen cometiendo los mismos errores, con una reconstrucción centrada en el asfalto y obras provisionales que perpetúan la vulnerabilidad territorial.
Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA, señaló que la lección no es construir más rápido, sino construir mejor, con seguridad y saber dónde no construir.
Helena Cifre, coordinadora de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), afirmó que reconstruir no es volver al modelo intensivo; los suelos vivos, cubiertos de vegetación, retienen agua y frenan la erosión, y las barreras vegetales y bosques ribereños ralentizan las riadas y protegen la fauna; pidió apoyo técnico, formación, inversión y precios justos para las familias productoras.
La alianza exige una transformación profunda del territorio, del modelo agrario y de la política climática, con una dotación presupuestaria suficiente, transparencia y participación comunitaria vinculante, así como impulsar comunidades energéticas ciudadanas y una política de justicia climática que obligue a las grandes empresas de combustibles fósiles a sufragar los daños y la adaptación.
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