Diputación CS: El pleno habilita recursos económicos para los municipios con la mirada en aquellos en riesgo de despboblamiento
R. PARDO/CASTELLÓN. La Diputación de Castellón celebró el primer pleno del año con un mensaje de solidaridad para con los vecinos de los municipios de costa e interior afectados por el temporal de estos últimos días. Una solidaridad que se convertirá tanto en asistencia técnica, que ya están recibiendo por parte de los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, como económica en ayudas para reparar los daños materiales, una vez evaluados. Asimismo, se aprobaron las bases que regirán el plan de obras y servicios, Plan Castelló 135, con una dotación de 12,4 millones.
Y como no podía ser menos en el pleno estuvo presente una de las taras de la política en los últimos años, la corrupción un tema de preocupación de la ciudadanía y que ha llevado a los grupos políticos representado en la diputación castellonense a aprobar una moción contra la corrupción presentada por PSPV, PP y Compromís.
El Plan 135 incluye como novedad que sean los equipos de gobierno de los municipios quienes dictaminen en que se invierten los recursos que se les concedan, al tiempo que se introduce la discriminación positiva para favorecer la inversión en pueblos pequeños del interior y en riesgo de despoblación.
Esta discriminación positiva beneficiará a 65 municipios de la provincia d con menos de 500 habitantes. Así, los 18 pueblos con menos de 100 vecinos percibirán un mínimo de 10.000 euros más que en 2019, al pasar de 50.000 a 60.000 euros como base inicial. Y los 47 pueblos de entre 101 y 500 habitantes recibirán el próximo año 5.000 euros más que en 2019, pasando de 65.000 euros a 70.000 euros como mínimo, como resaltó el diputado de Cooperación y Concertación, Ximo Huguet.
Los grupos también aprobaron la adhesión de la institución al Fondo de Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunidad Valenciana, aportando al mismo la misma cantidad que la Generalitat asigna a los municipios de la provincia: 5,6 millones de euros. En consecuencia, a través del Fondo de Cooperación Municipal los ayuntamientos castellonenses percibirán un total de 11,2 millones de euros.
En este apartado, el portavoz del PP justificó su sí crítico a la adhesión al fondo instando a revisar los fondos que se aportan a los pequeños municipios, cantidades que entiende el popular se deberían revisar y mejorar. En la misma línea de necesidad de revisar la financiación municipal y de dar más recursos a los municipios de interior se mostró el portavoz de Ciudadanos, Domingo Vicent.
Por su lado, el diputado de Concertación con los Ayuntamientos, Ximo Huguet, ha señalado que la adhesión al Fondo “supone un paso fundamental para agilizar la llegada de recursos a los municipios durante el primer trimestre de 2020”. No obstante, ha anunciado que en la comisión bilateral Diputación-Generalitat “abogaremos por la futura aplicación de criterios de discriminación positiva que beneficien a los pequeños pueblos”.
Y reiteró el compromiso del equipo de gobierno con los ayuntamientos a los que se destinarán este año 18 millones de euros 2020 entre el Plan 135 y la aportación al Fondo, para "dotarles de liquidez".
El pleno también ha ratificado la decisión del equipo de gobierno de asumir el 90% del coste de los equipos base de Servicios Sociales municipales de los pequeños ayuntamientos, algo que próximamente quedará recogido en una ley de ámbito autonómico.
Sobre este asunto, la vicepresidenta de la Diputación, Patricia Puerta, ha destacado que “en el día de hoy se ha dado un paso importante y necesario para la cohesión de la provincia en materia de Servicios Sociales porque con la aprobación de este acuerdo comienza a plasmarse la coordinación de las distintas administraciones (Generalitat, Diputación y ayuntamientos) para que todos los ciudadanos tengan acceso a unos estándares mínimos de Servicios Sociales, independientemente de donde residan”.
Puerta ha recordado que la ley vigente atribuye a los ayuntamientos competencias en materia de prestación de servicios sociales y establece que las diputaciones asuman el 90% de ese coste en los municipios de menos de 10.000. Y añadió que "desde el primer momento de nuestra toma de posesión, venimos trabajando por la implantación de un servicio público valenciano de Servicios Sociales en la provincia de Castellón, que se realizará de forma progresiva”.
Por ello, en 2020 la Diputación asumirá el 90% del coste del personal adscrito a los equipos de Servicios Sociales de base, y de las prestaciones y programas destinados a la cobertura de las necesidades básicas no periódicas de los municipios, agrupaciones y consorcios de municipios de menos de 6.000 habitantes. En 2021, se ampliará la cobertura y la Diputación asumirá el 90% de estos costes en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. La aportación de los pequeños ayuntamientos solo será del 10%.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana