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La Diputación de Castellón se une en la defensa del sector de la pesca como pilar económica y cultural esencial de la provincia.
El pleno ordinario correspondiente al mes de marzo y celebrado este martes, ha aprobado una declaración institucional a través de la cual, todos los grupos políticos con representación en el pleno, muestran su apoyo a un sector que está atravesando un momento especialmente complejo, marcado por el incremento de los costes operativos, la incertidumbre económica y los retos derivados de la sostenibilidad de los recursos marinos.
Tal y como se explica en la declaración institucional que ha leído la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, en el contexto actual, "el apoyo de las administraciones públicas resulta imprescindible para garantizar la continuidad de una actividad estratégica para la economía y el territorio", ha incidido.
Además, en el marco de la política pesquera europea y estatal, las paradas biológicas constituyen una herramienta necesaria para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y la conservación de los caladeros. Sin embargo, estas paralizaciones temporales comportan una pérdida de ingresos para las embarcaciones y tripulaciones, por lo que las ayudas públicas compensatorias son fundamentales para mantener la viabilidad económica del sector.
Por todo ello, el pleno de la Diputación ha acordado de forma unánime una serie de acuerdos para instar a diferentes administraciones, medidas de apoyo al sector. En el caso de la Generalitat, a través de la declaración institucional se le solicita publicar con carácter urgente la convocatoria de ayudas correspondientes al año 2025 destinadas a compensar las embarcaciones afectadas por las paradas biológicas, además de continuar garantizando la dotación presupuestaria suficiente para cubrir las necesidades reales del sector de la pesca y evitar retrasos en la resolución y pagos de las ayudas. Asimismo, también se le pide a la administración autonómica estudiar el establecimiento de mecanismos de anticipo o pagos avanzados de las ayudas para reforzar la liquidez del sector durante los periodos de paralización de la actividad.
Al Gobierno de España se le exige establecer de manera inmediata mecanismos de minoración del coste del combustible para la flota pesquera, incrementar los límites de ayudas estatales por barco y no por empresa, así como evaluar una suspensión o reducción temporal del IVA aplicado a los productos pesqueros para aligerar la presión económica sobre el sector y la cadena de valor.
La declaración institucional también incluye la defensa en el marco de la Unión Europea de una aplicación equilibrada del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur, y que los productores pesqueros importados cumplan estrictamente la normativa europea, especialmente en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, sostenibilidad ambiental y derechos laborales, reforzando así la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Asimismo, desde la Diputación de Castellón refuerzan su apoyo al sector de la pesca como eje estratégico para la economía y el empleo de la provincia, y reafirman su compromiso con las cofradías de pescadores de la provincia, ayudas las cuales, para el presente ejercicio, están publicadas en el BOP desde el pasado 14 de marzo.
La sesión plenaria también ha mostrado su cara reivindicativa a la hora de pedir al Gobierno de España que aplique las medidas necesarias con el fin de paliar el deterioro del poder adquisitivo de la ciudadanía y la subida de precios energéticos. La moción, aprobada con los votos a favor del Gobierno Provincial, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE y Compromís, incluye diferentes medidas con el fin de proteger a la ciudadanía y a los sectores productivos de la provincia de Castellón y lograr mitigar el impacto del incremento de los carburantes y la energía. Y es que la energía constituye un coste transversal para los hogares, para la industria, para el transporte, para el sector primario y para el conjunto de la actividad económica, de modo que cualquier perturbación sostenida en su precio se traslada de forma inmediata a la inflación, a la renta disponible y a la estructura de costes del tejido productivo.

Eficiencia energética
El pleno también ha aprobado de manera inicial la modificación del reglamento por el que se regula la prestación del servicio de gestión técnica en materia de alumbrado público a las entidades locales de la provincia de Castellón. Una modificación aprobada por unanimidad y que, como ha explicado el diputado de Ingeniería Interna, José María Andrés, va a permitir que la prestación de este servicio de gestión llegue a los municipios de menos de mil habitantes, "algo que ha sido posible debido a que ya se ha ejecutado el 100% de los municipios de menos de 500 habitantes que estaban adheridos al reglamento de alumbrado público". En total, en dos años la institución provincial ha invertido 1,2 millones de euros en 22 municipios que supone un 30% de ahorro para estos municipios. "Es una clara apuesta de esta Diputación dirigida por Marta Barrachina por la sostenibilidad real para nuestra provincia, especialmente en los municipios más pequeños. Menos gastos, menos emisiones y más recursos para la ciudadanía", ha incidido el diputado provincial.
En materia de Bienestar Social, el pleno ha aprobado por unanimidad la concreción de las bases por las que se rige la concesión de subvenciones a ayuntamientos de la provincia con población inferior a 1.500 habitantes para el servicio de la unidad de conciliación familiar. Un servicio dotado con 1.042.700 euros para financiar programas y actividades para niños y niñas de 0 a 3 años. "Una acción que responde al compromiso de nuestro equipo de gobierno por mejorar el día a día de las familias, haciendo más fácil compatibilizar trabajo y vida familiar, y ayudando a mantener viva la población en los pueblos más pequeños y del interior", ha expresado la diputada responsable del área, Marisa Torlà.

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