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La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno de España “más responsabilidad, más diálogo y menos imposiciones ideológicas” para afrontar el problema de acceso a la vivienda y ha reclamado que las políticas públicas “se centren en dar soluciones reales a los ciudadanos y no en imponer modelos sectarios e intervencionistas a las comunidades autónomas”.

Camarero ha realizado estas declaraciones antes de participar en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana convocada por el Ministerio, donde ha defendido la necesidad de “abrir una negociación real” sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y adaptar las medidas “a la realidad de cada territorio”.

La vicepresidenta ha lamentado que el nuevo Plan Estatal “llega tarde, sin consenso y trasladando el mayor esfuerzo económico a las comunidades autónomas”.

“Llevamos desde diciembre de 2024 trasladando propuestas concretas al Ministerio y muchas no han sido incorporadas. Pero lo más grave es que las comunidades autónomas no hemos conocido el texto definitivo antes de su aprobación en Consejo de Ministros”, ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que “esto no es cogobernanza ni lealtad institucional” y ha advertido de que “no se puede diseñar la política de vivienda de los próximos cinco años de espaldas a quienes tienen las competencias y gestionan diariamente las ayudas y promociones de vivienda”.

Susana Camarero ha avanzado que la Generalitat estudia la posible presentación de un recurso contra el Plan Estatal de Vivienda tras las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, que cuestiona la invasión de competencias autonómicas y las “imposiciones incluidas en el texto, como la regulación de la calificación permanente de la vivienda protegida o cláusulas que subordinan la gestión y ejecución de promociones a criterios de control político y de imagen del Ministerio”.

En este punto, Camarero ha recriminado que se condicione la aportación del Ministerio al hecho de “convocar con una antelación de, al menos, 30 días a la ministra para visitar una de las actuaciones llevadas a cabo. Esto demuestra que a la ministra le importa más salir en la foto que cuántas viviendas se construyen en la Comunitat Valenciana”. Un hecho que, en palabras de la vicepresidenta, “crea inseguridad jurídica y resulta un absurdo cuando hablamos de una de las políticas prioritarias, como es el acceso a la vivienda”.

La vicepresidenta ha denunciado el modelo de financiación del nuevo Plan Estatal, que considera “profundamente desequilibrado”, dado que “el Gobierno presume de inversión, pero traslada el coste a las autonomías”. El Ejecutivo ha propuesto un plan de 7.000 millones de euros a cinco años, pero obliga a las comunidades autónomas a asumir una parte muy importante de ese incremento presupuestario”, ha afirmado.

En concreto, según ha explicado, las comunidades pasan de financiar el 30 % al 40 % del Plan, mientras el Estado reduce su aportación del 70 % al 60 %.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el nuevo Plan contempla unos 798 millones de euros para los próximos cinco años, frente a los 240 millones del plan anterior. Sin embargo, Camarero ha subrayado que “la Comunitat Valenciana tiene que multiplicar por más de cuatro su esfuerzo presupuestario mientras el Estado apenas multiplica por dos su aportación”.

Así, el Estado pasa de aportar 168 millones a unos 480 millones, mientras que la Comunitat Valenciana pasa de 72 millones a 319 millones de euros. “La aportación está prácticamente igualada cuando el presupuesto del Estado es 19 veces mayor al de la Comunitat, una tierra que además está históricamente infrafinanciada y ha tenido que afrontar una emergencia habitacional sin precedentes derivada de la Dana de 2024”, ha aseverado.

Por ello, ha reclamado que el Gobierno de España tenga en cuenta “la singularidad y las necesidades extraordinarias” de la Comunitat Valenciana en el reparto de fondos y en el diseño de los programas.

Ayudas a 15.000 familias en riesgo

La consellera de Vivienda también ha recordado que el retraso del Plan pone en riesgo ayudas a más de 15.000 familias y jóvenes valencianos que el año pasado se beneficiario de las ayudas al alquiler y bono joven, dado que el programa debería estar aprobado desde diciembre y el retraso de presentación y los plazos establecidos hacen que “en el mejor de los casos, las ayudas no podrán publicarse hasta el último trimestre”. “Meses perdidos se traducen en convocatorias bloqueadas y en más dificultades para acceder a la vivienda”, ha señalado.

Ausencia de medidas eficaces

La vicepresidenta ha criticado además que el nuevo Plan Estatal “no incorpora medidas eficaces para abaratar la vivienda ni para aumentar la oferta”.

Entre las propuestas trasladadas por la Generalitat al Ministerio y que no han sido incorporadas, ha destacado la reducción del IVA vinculado a la vivienda, incentivos fiscales para facilitar la compra o el alquiler, la ampliación de ayudas a jóvenes para acceder a vivienda en municipios de más de 10.000 habitantes o líneas específicas para financiar adquisición de suelo destinado a vivienda protegida.

“Hay más burocracia y más intervención, pero menos soluciones reales para los ciudadanos”, ha afirmado Camarero, quien ha defendido que “el problema de la vivienda no se resuelve limitando ni interviniendo el mercado, sino aumentando la oferta, movilizando suelo y dando seguridad jurídica para que se construya más vivienda protegida”.

Flexibilidad para fondos europeos

Por otro lado, la vicepresidenta ha reclamado al Gobierno de España flexibilidad en los plazos de ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) destinados a vivienda.

En este punto, ha recordado que estos fondos fueron trasladados en 2021 y que cuando el actual Consell llegó al Gobierno valenciano en 2023 “no se había impulsado los proyectos necesarios y los pocos que se habían trabajado no tenían condiciones para cumplir la viabilidad”.

“Desde entonces hemos desbloqueado expedientes, acelerado trámites y puesto en marcha promociones y actuaciones de rehabilitación que hoy están en ejecución. Ahora necesitamos flexibilidad para culminar esos proyectos y que las viviendas lleguen a las familias”, ha explicado.

“La política de vivienda de la Generalitat está funcionando”

Durante su intervención, Camarero ha reivindicado la gestión del Consell en materia de vivienda y ha destacado que en menos de dos años la Generalitat ha incrementado el parque público hasta las 14.729 viviendas, ha entregado más de 1.000 viviendas sociales, ha movilizado más de 4.800 viviendas de protección pública a través del Plan Vive y ha gestionado más de 220 millones de euros en ayudas para más de 44.500 personas.

“Lo hemos hecho sin imponer, sin limitar, sin ideología; porque creemos que el problema de la vivienda se resuelve aumentando oferta y facilitando el acceso”, ha concluido.

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