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Peral denuncia migración errática de Sánchez y exige frenar la regularización y el reparto de menores

Peral denuncia migración errática de Sánchez y exige frenar la regularización y el reparto de menores
General | 01-08-2026

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Lucía Peral, afirmó que Pedro Sánchez traslada a las comunidades autónomas el problema generado por una política migratoria errática e improvisada y que la grave crisis de Ceuta evidencia la decadencia del Gobierno.

Según datos del Ministerio del Interior, casi 60.000 personas accedieron irregularmente a Ceuta en 24 horas, y Peral subrayó que la primera obligación de cualquier Gobierno es garantizar el control de las fronteras.

Afirmó que, mientras la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cumplen con su deber, el Ejecutivo no lo hace, y que los españoles necesitan un Gobierno que evite los problemas en lugar de actuar una vez que se han producido.

La parlamentaria del PPCV reclamó que el Ejecutivo rectifique la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, al considerar que se aparta de los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo y se adoptó sin consenso con las comunidades.

El acuerdo, añadió, refuerza el control de fronteras, acelera los procedimientos de asilo, endurece los criterios de admisibilidad y combate las vías de entrada irregular; sin embargo, sostiene que su aplicación ha supuesto una carga para las administraciones y ha generado un efecto llamada que beneficia a las mafias que trafican con personas.

La líder popular también rechazó el reparto de menores extranjeros no acompañados sin planificación ni financiación adecuada, advirtiendo de que supondría una sobrecarga para el sistema valenciano de protección al menor, y recordó resoluciones judiciales que cuestionan el procedimiento por carecer de rigor y no garantizar una evaluación individualizada.

Concluyó que la Comunitat Valenciana no puede seguir soportando las consecuencias de una política migratoria improvisada y que la protección de los menores exige recursos y coordinación, no decisiones unilaterales del Ejecutivo.

Remitido | Fotografías: Remitido

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