La Unió Labradora solicita ayudas extraordinarias para compensar el 35% de las pérdidas de la cosecha de cereal en la Comunitat Valenciana
La Unió Llauradora solicita a la Conselleria de Agricultura una línea de ayudas extraordinarias para compensar las importantes pérdidas sufridas por los productores de cereal de la Comunitat Valenciana, que cifran en torno al 35% de la cosecha de esta campaña.
La organización atribuye la situación a la imposibilidad de realizar la siega durante numerosos días por las restricciones derivadas de la activación del nivel 3 del Plan de Prevención de Incendios Forestales, a los daños ocasionados por la fauna silvestre y al incremento de los costes de producción, especialmente del gasóleo agrícola y de los fertilizantes.
LA UNIO recuerda que ya trasladó a la Dirección General de Prevención de Incendios una propuesta para modificar la normativa que regula el uso de maquinaria agrícola en zonas de influencia forestal, con el objetivo de mantener la máxima protección frente a incendios, pero permitiendo trabajar durante aquellas horas del día en las que las condiciones meteorológicas reducen significativamente el riesgo, como la madrugada o las primeras horas de la mañana.
La Generalitat ha comunicado a la organización que comparte que la agricultura profesional es la primera interesada en evitar incendios forestales y que estudiará estas propuestas de cara a la campaña de 2027, analizando la posibilidad de flexibilizar las restricciones en nivel 3 en función de parámetros objetivos como temperatura, humedad relativa o el viento.
Carles Peris, secretario general de LA UNIO, señala que los agricultores somos los primeros interesados en evitar incendios porque vivimos y trabajamos en el territorio: cuando hay riesgo, no queremos trabajar; cuando desaparece, queremos poder hacerlo. En este sentido, insiste en que un campo cultivado y en producción es también una herramienta fundamental para prevenir los grandes incendios forestales.
LA UNIO considera que la experiencia de esta campaña demuestra que es posible avanzar hacia una gestión dinámica del riesgo basada en información meteorológica en tiempo real y en criterios técnicos que distingan entre las distintas actividades agrícolas mecanizadas, evitando prohibiciones generales cuando las condiciones permiten trabajar con seguridad.
Mientras esas mejoras normativas llegan, LA UNIO reclama compensaciones para los cerealistas, ya que las restricciones han provocado pérdidas de producción y de calidad, agravadas por la fauna silvestre y las elevadas temperaturas registradas durante la primavera.
Agricultores de todas las comarcas productoras denuncian que muchas parcelas no han podido cosecharse a tiempo, con pérdidas económicas muy importantes e incluso con riesgo para la viabilidad de futuras campañas. «Tenemos plantaciones que cuestan unos 3.500 euros por hectárea y que se van a perder; por ello necesitamos ayudas», asegura un productor.
«La sociedad no tiene que elegir entre proteger los bosques o proteger a los agricultores. Necesitamos una normativa que haga compatibles ambas cosas y unas ayudas que eviten que las pérdidas recaigan siempre sobre los productores», concluye Carles Peris.
El cultivo de cereal en nuestro territorio se halla en comarcas de interior desfavorecidas y en claro riesgo de despoblamiento; por ello, las Administraciones deberían implicarse al publicar normativas que hagan viable la actividad agraria y eviten un mayor abandono de tierras.
La Dirección General de Prevención de Incendios Forestales estudia flexibilizar las restricciones de siega para la campaña de 2027.
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