Burriana: De proyecto Estrella a ¿Estrellado?
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Después de casi seis años estando el frente del Gobierno municipal, los problemas se le acumulan a la alcaldesa de Burriana en Sant Gregori, y es que cuando uno toma decisiones equivocadas, en contra de los informes de los técnicos del Ayuntamiento que te advierten de irregularidades, los problemas crecen.
El equipo de Gobierno, encabezado por la señora alcaldesa, le devolvió la condición de agente urbanizador a una empresa en concurso de acreedores, deudora de la propia administración, que no ha demostrado nunca su solvencia en este Consistorio y solo dice a los propietarios que le solicitan el informe financiero que cuenta con mucho "músculo financiero".
Hago estas afirmaciones porque nada más firmar el convenio transaccional ya pidieron firmar el acta de replanteo. Como es lógico el ingeniero municipal aseguró que para ello había que cumplir una serie de requisitos. En este sentido, la primera edil, para no perder la costumbre, contrata un informe externo a costa de las arcas públicas (y ya lleva una docena).
Y sorpresa, en el informe externo, que suaviza mucho las condiciones del ingeniero municipal dice que se pueden iniciar las obras con un acta de replanteo parcial, pero que no se puede cobrar la cuota 00 sino se cumplen una serie de requisitos: tener los proyectos actualizados, tener expropiados los accesos, tener firmados los convenios, etc.
La alcaldesa firma el cobro de la cuota 00 sin que se cumplan siquiera los requisitos del informe externo o como denomina el Tribunal Supremo "de parte", y sin que presenten facturas de haber pagado los proyectos. Sin embargo, cuando desde Ciudadanos le preguntamos en el pleno sobre ello, la señora Safont replica que unos se firmarán primero y otros después. Es decir, que tanto monta, monta tanto y aquí quien manda es la empresa y la empresa quiere cobrar la cuota 00.
Así pues, la cronología de los hechos es la siguiente. El 16 de noviembre, solicita el cobro de la cuota "uno" por las expropiaciones, lo que es rechazado con un decreto de la alcaldía después del informe de la técnica de urbanismo que dice que no se ha acreditado haber soportado ese gasto. Y no se ha acreditado porque no solo no justifica estar en posesión de los terrenos ni el pago de los mismos, sino porque además no ha presentado aún, en esa fecha, el proyecto de expropiación.
Más tarde, a principios de marzo, solicita el cobro de la cuota "dos" perteneciente a los trabajos realizados en los meses de enero y febrero en la urbanización Sant Gregori con sus correspondientes certificaciones. Son trabajos de despeje y desbroce hasta una profundidad de hasta 20 cm.
La interventora municipal, que debe autorizar el pago, solicita a la sección de urbanismo un informe de las obras realizadas, como se ha hecho siempre en este Consistorio, por lo que se le pide al ingeniero de caminos de este Ayuntamiento que informe de las obras realizadas.
El ingeniero se persona en la obra para verificar los trabajos y con fotografías incluidas informa "desfavorablemente" a la certificación 6 porque ve una "gigantesca" discrepancia entre lo que se ha certificado y lo que él ha visto in situ.
Por ello, para aclarar esas diferencias le pide una serie de documentos como el contrato entre el urbanizador y la constructora, la factura emitida por la constructora y justificante de pago a la misma, etc, así como fotografías con un dron para que se vea con claridad la obra ejecutada.
Sin embargo en vez de aclarar las cosas, entregar la documentación y las fotografías, responden con unas alegaciones que lo primero que dice es "El Ayuntamiento NO ES NADIE para requerir nada a la dirección facultativa, y continúan con una serie de acusaciones al ingeniero municipal pidiendo al final de su escrito que se le expediente.
Desde Ciudadanos nos preguntamos ¿Por qué? ¿Por hacer bien su trabajo?, Porque el ingeniero municipal que pagamos todos los ciudadanos de Burriana, fue requerido por la intervención y tiene obligación legal de emitir el informe requerido. Pero lo peor es que la urbanizadora no desmiente lo que dice el informe, solo ataca al ingeniero, lo fácil hubiera sido entregar las fotografías, la documentación y así aclararlo y cobrar la cuota, pero en lugar de ello, amenazan con demandar al Ayuntamiento y piden que se expediente a un técnico.
Asimismo, podrían haber demostrado los trabajos si hubiesen entregado el documento en el que se acredita donde han trasladado las tierras que han quitado en el desbroce y despeje, ya que estamos hablando de aproximadamente unos 20.000 camiones trasladando tierras por el Camí la Cossa y por delante de la policía local, y que la ley obliga a llevarlo a un vertedero especial.
Ante todo esto, lo más lamentable no es lo que hace la urbanizadora, sino la inacción de la máxima representante de este Ayuntamiento frente a los ataques constantes a sus técnicos por simplemente hacer bien su trabajo. Recordemos, por ejemplo, que ya aceptó la recusación de la técnica de urbanismo solicitada por terceros por una denuncia en Fiscalía sin personarse en la causa y que resultó archivada. No obstante, esto no es de extrañar pues toda su trayectoria con este asunto se ha basado en ignorar a los expertos y hacer únicamente caso a su concejal de Urbanismo. De aquellos polvos, estos lodos, que se suele decir. Ahora, tiene a la mayoría de propietarios que pagan cuota, porque parece que otros están exentos, en pie de guerra, y también a la empresa amenazando al Ayuntamiento con rescindir el contrato. Mientras tanto ella sigue en sus trece, asegurando que Sant Gregori es una opción de futuro para Burriana, sin inmutarse de los posibles problemas que tiene encima.
En definitiva, desde Ciudadanos estamos de acuerdo en que Sant Gregori posiblemente sea el proyecto más importante de Burriana, pero lo importante no es el qué, sino el cómo. Y la realidad es que se ha hecho 'peor, imposible'. La opacidad y el afán de protagonismo pueden convertir un proyecto estrella, en estrellado.
*María Jesús Sanchis, Ciudadanos Burriana
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana