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Burriana: El problema no es Sant Gregori, sino la gestión de Sant Gregori
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La Plana al Dia | Burriana | General | 09-12-2022
He estado dudando mucho sobre entrar a comentar acerca de la problemática actual de Sant Gregori, pero al final he optado por manifestar mi opinión para que a quien le corresponda tomar decisiones la tenga como una más de las posibles salidas, si es que las hay.
El penúltimo actor en entrar a actuar en los últimos días en esta inacabable obra de teatro que es la urbanización de Sant Gregori ha sido la Asociación de Propietarios a favor del Programa, seguramente aturdida por la falta de actividad que observa, que ha intervenido con un escrito de más de 11 páginas con multitud de preguntas al equipo de gobierno, oposición, funcionarios, empresa, técnicos externos e incluso propietarios en contra de la urbanización.
Por mi parte, no voy a hacer más preguntas, que ya las hay demasiadas, sino a intentar aportar mi conocimiento del Programa desde que una empresa que conozco muy bien lo presentó allá por el 16 de noviembre de 2000, hace ya la friolera de más 22 años, aunque hace más de tres que ya nada tiene que ver, para dar posibles soluciones a un tema que cada día que pasa está más complicado por la intervención de numerosos actores con intereses muy dispares. A todos ellos hay que añadir desde hace unos meses a los tribunales de justicia, con la imputación no solo de la alcaldesa, sino de varios técnicos contratados por la urbanizadora y podría ser también de algún concejal más, como ya se ha solicitado por algunos propietarios.
Empezando por la gestión de este programa de 2.500.000 m2 es conveniente conocer que en otros programas no tan grandes, pero sí importantes como el de Novenes de Calatrava o el del Polígono Carabona, ambos de más de 500.000m2, la gestión y la tramitación municipal ha seguido caminos muy diferentes.
Tan diferentes como que la Asistencia Técnica externa contratada en ambos, empresas de consultoría que aportaban diversos técnicos para seguimiento y control de las obras, se haya aprobado por el Ayuntamiento en la misma firma del Acta de Replanteo del inicio de las obras y que cualquier certificación que el Director de Obra y la Asistencia Técnica preparaban, terminaba siendo aceptada siempre por los técnicos municipales, previas las correcciones oportunas requeridas.
En el programa de Sant Gregori el proceso ha sido muy diferente, ya que su Asistencia Técnica externa, formada por un solo técnico, todavía no tiene aprobada una aceptación explícita del Ayuntamiento y las certificaciones que se llevan a la aprobación, con el fin de poder cobrar las cuotas a los propietarios, lo hacen sin los informes del técnico municipal.
Además de que esto no haya sucedido en otros programas, si en el equipo de gobierno se leyeran bien los documentos firmados, sobre todo el de 16 de mayo de 2006 para la aprobación del proyecto de urbanización, sabrían que los técnicos municipales pueden y deben valorar estas certificaciones y que ahora no solo no lo hacen, sino que algún concejal intrépido, con conocimiento de la alcaldesa según reconoce ella misma en sus declaraciones en el Juzgado, les manifiesta por escrito que no lo hagan.
Pero la evidencia de que los terrenos no tengan prácticamente ningún valor para los propietarios y que no suba éste con la ejecución del Programa como ha ocurrido siempre en otras ocasiones, o que desde septiembre de 2019 o enero de 2021 en que se firmaron la primera acta de replanteo y la complementaria, hayan pasado ya más de 2 años sin que las obras avancen más allá del 8%, provoca que cada día que amanece muchos propietarios sientan la situación del proyecto cada vez peor y se sumen a los que inicialmente presentaron sus quejas en el mismo Ayuntamiento o en los Juzgados.
Además, en cada trámite administrativo de este Programa, cuando se les pide opinión a los técnicos municipales, que no es siempre, solo en los casos preceptivos y necesarios, lo hacen habitualmente en sentido contrario de lo que asumen los técnicos externos contratados por el equipo de gobierno, que actúan como si se tratara de una administración paralela a la existente, sin hacer caso alguno a la recomendación de la Agencia Valenciana Antifraude que sobre esta cuestión le ha manifestado directamente al propio Ayuntamiento de Burriana.
Todas estas discrepancias han ocasionado los problemas jurídicos en que se encuentra el equipo de gobierno y la propia urbanizadora, ya que algunos propietarios molestos con la situación presentaron sus quejas en los juzgados hace más de un año, estando abierta desde entonces la vía penal por parte de la propia Fiscalía.
Es importante también decir que esta no es la primera cuestión judicial que algunos propietarios han iniciado contra el Ayuntamiento y la empresa, y que todas las anteriores hasta ahora se han resuelto de forma favorable a los intereses municipales, incluso validando los informes externos frente a los de los internos de los funcionarios municipales, en algunos casos mediante sentencias todavía no firmes por estar recurridas, pero nadie sabe que puede ocurrir más adelante si sigue yendo tanto el cántaro a la fuente.
La última situación en que se ha producido una opinión discrepante entre técnicos externos e internos del Ayuntamiento, ha sido la petición reciente de la empresa de una prórroga de dos años en el plazo de ejecución de las obras, que deberían de terminar inicialmente en septiembre de 2023, en menos de un año. Los técnicos externos la aceptan casi sin ningún retoque y los internos no lo ven apropiado de momento, exigiendo más documentación previa, aunque solo validan que el Ayuntamiento acepte una prórroga de poco más de 6 meses, seguramente porque la asunción del plazo que pide la empresa supone aceptar una deficiente tramitación administrativa, lo que puede ocasionar perjuicios más adelante al propio Ayuntamiento si vienen mal dadas.
Pero en todo caso, decida lo que decida el equipo de gobierno sobre esta ampliación de plazo, la empresa está obligada a presentar un nuevo plan de obras mensual, con la posible resolución del contrato si no se cumple, resolución que algunos propietarios ya han empezado a solicitar en la actualidad al Ayuntamiento por el incumplimiento evidente del plan de obras hasta ahora existente.
Por otra parte, si hasta ahora la empresa, seguramente a causa del ruido jurídico existente que frena la entrada de posibles inversores, no ha avanzado en las obras, parece complicado, aunque muchos desearíamos lo contrario, que lo hagan ahora de forma más eficaz, ya que los temas judiciales todavía pueden tardar a resolverse bastantes meses o incluso años, lo que puede abocar al final a la posible resolución del contrato.
Y la resolución del contrato es lo que se ha de evitar a toda costa, los muchos que creemos en el proyecto así lo pensamos, ya que puede suponer su fin definitivo, con los problemas que pueda ocasionar al propio Ayuntamiento, a la empresa, a los muchos propietarios que siguen confiando en rentabilizar sus activos e incluso a toda la ciudad con la pérdida de las muchas posibilidades que se abren para mejorar su economía.
Por todo ello, y en vistas de dar una solución que pasa por ganar tiempo y que los condicionantes tanto jurídicos existentes como los económicos derivados de la crisis actual, que ahora influyen en los avances del Proyecto, puedan reducirse o eliminarse, puede ser conveniente que se opte por la aprobación de la suspensión temporal de la ejecución del Programa, tal como se define en la disposición transitoria 18ª del Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), Decreto 1/2021 de 18 de junio.
Esta suspensión por dos años, que puede ser solicitada legalmente por cualquiera de las partes, Ayuntamiento, empresa o propietarios, supone, entre otras cuestiones, tanto la paralización de las obras como el cobro de cuotas a los propietarios, a la espera de que se pueda avanzar más adelante en cuanto se resuelvan los problemas jurídicos actuales e incluso vengan tiempos mejores en que pueda cambiar la situación económica actual devenida tras la COVID y acentuada por la guerra de Ucrania.
Posiblemente quien gestionaría entonces el PAI sería el nuevo equipo de gobierno salido de las urnas del próximo mayo, lo que puede suponer una nueva oportunidad, ya que el actual ha demostrado con creces no saber gestionarlo, siendo éste el problema principal de Sant Gregori.
Después de tantos años de tramitación, Burriana no puede permitirse perder el tren de Sant Gregori, que puede hacerla avanzar a ser un referente turístico de la provincia. Lo contrario supone un fracaso colectivo de todos los actores que han intervenido y sobre todo de la propia ciudad, con unas consecuencias por ahora impredecibles pero seguramente muy dañinas para su economía y para su futuro.
A quien corresponda, mucho ánimo en el empeño.
.-Miguel Ángel Bodí
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana