PSPV denuncia que Castelló asume el coste de la vigilancia del edificio Borrull mientras mantiene vacíos los espacios municipales
El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha denunciado que el gobierno dirigido por Begoña Carrasco está repercutiendo a las arcas municipales el coste de la seguridad del edificio Borrull, mientras mantiene vacíos los espacios destinados a dependencias municipales por su incapacidad para culminar el traslado de los servicios previstos.
La portavoz socialista, Patricia Puerta, recuerda que el ayuntamiento aceptó formalmente en julio de 2025 la cesión de uso de más de 1.700 metros cuadrados de uso exclusivo en el edificio Borrull, junto a espacios compartidos, y se comprometió a asumir el coste íntegro de la seguridad, la contratación de los seguros generales, el pago del IBI y una parte de los gastos de mantenimiento y suministros.
Casi un año después, el ayuntamiento continúa sin realizar el traslado de los servicios municipales previstos en Borrull pese a haber asumido ya costes que superan los 200.000 euros anuales solo en materia de seguridad.
Puerta critica que el gobierno del PP-Vox de Carrasco aceptó repercutir estos gastos sin resolver cuestiones fundamentales para la puesta en marcha de los espacios municipales, como el mobiliario, el equipamiento o la organización del traslado.
Desde el PSPV señalan que el acuerdo de cesión obligaba al ayuntamiento a iniciar los trámites necesarios para equipar y acondicionar los espacios y garantizar su ocupación y funcionamiento; sin embargo, casi un año después, los espacios siguen sin prestar el servicio para el que fueron concebidos.
La portavoz advierte que no se cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad de los edificios públicos, pero sí que el gobierno municipal pague durante meses por un inmueble sin haber culminado el traslado de los servicios que motivaron esa inversión.
Puerta recuerda además que el edificio Borrull, proyecto iniciado bajo mandato del Partido Socialista en el ayuntamiento y en la Generalitat, fue concebido para centralizar atención ciudadana, mejorar la prestación de servicios sociales y racionalizar el uso de recursos públicos.
El propio ejecutivo ha defendido repetidamente los ahorros que supondrá concentrar dependencias y reducir alquileres, que según sus estimaciones superan los 100.000 euros anuales.
Para el PSPV, la situación resulta aún más incomprensible cuando, mientras se presume de esos ahorros, la administración ya soporta gastos de más de 200.000 euros al año por la seguridad de Borrull sin que se haya culminado el traslado.
‘Borrull debía convertirse en un referente de atención ciudadana y eficiencia; hoy, sin embargo, es el ejemplo de una planificación deficiente que genera gastos para la ciudadanía sin que los servicios funcionen todavía en el edificio’, concluye Puerta.
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