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El gobierno de España está justificando las exenciones en las obras de modernización del regadío para evitar la pérdida de fondos europeos, pero esta medida va en contra de la ley y evita una tramitación ambiental obligatoria que garantiza la adecuada protección del medio ambiente.

Cal recordar que la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental estableix claramente l'obligació de someter a evaluación ambiental todos los proyectos que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Sin embargo, el gobierno está ignorando esta obligación para acelerar la obtención de fondos europeos.

La simplificación de los procedimientos de evaluación ambiental no garantiza una protección adecuada del medio ambiente. Por el contrario, puede llevar a un análisis ambiental superficial de los impactos que cualquier actividad puede generar, y no se tienen en cuenta otras alternativas más sostenibles a la propuesta.

Diversas organizaciones ecologistas exigen que se someta a evaluación ambiental ordinaria, y no simplificada, la modernización del conjunto de todos los sectores de la Reial Séquia del Xúquer (SRX), unas 15.000 ha. Hasta ahora, se han presentado de forma fraccionada actuaciones sobre estos 47 sectores y se ha ido omitiendo la evaluación de los impactos sinérgicos acumulativos sobre la flora, la fauna, la biodiversidad y el agua, especialmente relacionados con los espacios protegidos de la Xarxa Natura 2000.

La respuesta a estas peticiones ha sido la completa exención de tramitación ambiental en aplicación de un reciente protocolo acordado por el Consejo de Ministros. Un nuevo e importante paso atrás en la tramitación ambiental, que afecta gravemente a la Albufera, el Xúquer y los acuíferos.


 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana

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