El Gobierno valenciano destina 72,6 millones de euros a centros vinculados al Opus Dei que segregan por sexo
El Gobierno valenciano del Partido Popular destina 72,6 millones de euros de fondos públicos a centros vinculados al Opus Dei que practican la segregación por sexos y promueven un modelo educativo conservador. Se trata de una apuesta ideológica que, según sus críticos, blinda un sistema elitista con recursos públicos.
La normativa educativa prohíbe explícitamente financiar centros que separan al alumnado por género; sin embargo, la Generalitat garantiza el mantenimiento de este financiamiento hasta 2031. En estos centros más del 90% del alumnado continúa segregado, perpetuando roles de género y vulnerando el principio de igualdad.
Más allá de la segregación, el modelo asociado a la órbita del Opus Dei ha sido cuestionado por su visión restrictiva de las libertades individuales, especialmente respecto al papel de las mujeres, con limitaciones a la libertad de pensamiento y de expresión, según testimonios e investigaciones. Que estos planteamientos cuenten con respaldo público resulta, para muchos, inaceptable.
Desde el ámbito laico se reclama la defensa de la laicidad educativa. La escuela pública debe ser un espacio libre, plural y crítico, que forme en valores universales como la igualdad, la libertad y el respeto. Lo que, según estas críticas, está haciendo el Gobierno valenciano es justamente lo contrario: invertir dinero público en proyectos educativos con una agenda confesional y excluyente.
La indignación se agranda al comparar la realidad de estos conciertos con el estado de la escuela pública: infrafinanciación crónica, falta de profesorado, instalaciones precarias y barracones. Mientras los centros públicos luchan por condiciones dignas, millones de euros se desvían hacia instituciones privadas que seleccionan al alumnado y segregan por sexo, afirmó Júlia Andrés, secretaria general de ERPV.
Esquerra Republicana del País Valencià ha defendido reiteradamente reducir el peso de la escuela concertada y reforzar una red pública fuerte, equitativa y laica: ningún euro público para centros que discriminen, segreguen o no garanticen la igualdad de oportunidades. El Gobierno valenciano, sostienen, ha decidido ignorar este principio.
Para Domènec Garcia, presidente de ERPV, la cuestión no es sólo presupuestaria, sino de futuro social: se exige la paralización inmediata de estos conciertos educativos, el cumplimiento estricto de la legalidad vigente y una inversión decidida en la escuela pública valenciana. La educación no puede ser un negocio ni un instrumento ideológico: debe ser un derecho.
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