Las nucleares no las cerrará el movimiento ecologista, las cerrarán los economistas
El Día del Medio Ambiente, 5 de junio, la Plataforma Tanquem Cofrents convocó a representantes políticos para reflexionar y debatir sobre los riesgos del incumplimiento del calendario de cierre de las centrales nucleares y sobre la necesidad de afianzar una transición energética justa y verde que asegure la descarbonización.
La mesa, celebrada en la Universitat Politècnica de València, contó con la participación de Alberto Ibáñez (Compromís), Teresa Jordà (ERC), Miquel Otero (EH Bildu), Nuria Pina (PSOE), diputada en Les Corts Valencianes, Kique Larios (Esquerra Unida) y Julià Alvaro (Horitzó Verd-Podem). Francesc J. Hernández, profesor de la UV, inició la sesión explicando que no se trata de un cierre sino de una desconexión: las centrales dejarán de producir energía y de generar residuos, pero seguirán consumiendo energía durante el desmantelamiento y la gestión de los residuos.
Hernández añadió que esta misma semana se ha producido un accidente INES2 en la central nuclear de Cofrentes, uno de los cuatro más importantes de la historia de la energía nuclear civil española.
Quiso transmitir tranquilidad a las zonas de cierre respecto de la falta de trabajo, puesto que un cierre implica muchos años de desmantelamiento, la custodia temporal de los residuos hasta el siglo que viene y la implantación de una nueva generación renovable para el aprovechamiento de las infraestructuras de transporte ya existentes, de modo que las empresas eléctricas no querrán desaprovechar.
Elena Polo, de la cooperativa AeioLuz, que moderó la mesa, explicó que también se invitó al Partido Popular y que, tras varios contactos, no se obtuvo respuesta.
La totalidad de grupos políticos presentes mostraron unanimidad en abandonar la energía nuclear por motivos de seguridad, ambientales, sociales y económicos. Entre las razones citadas figuran la democratización del sistema energético, el pacifismo, la responsabilidad intergeneracional de no dejar una herencia radioactiva, y la seguridad ante accidentes devastadores.
A estos motivos se suman en la actualidad la soberanía energética (el uranio y su enriquecimiento dependen de importaciones), el tapón que supone para el desarrollo de las renovables y el factor económico, ya que la producción de energía nuclear es de elevado coste.
Los ponentes destacaron que la clave está en el compromiso político de cumplir los acuerdos de 2019 y en dotar de recursos la transición energética, señalando dos cuestiones fundamentales: la primera es que no se están haciendo los deberes marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030) y la segunda, que frente a las presiones actuales de prolongar el funcionamiento de las centrales nucleares por parte de empresas eléctricas y algunos gobiernos autonómicos, cabría aplicar la carga de la prueba, es decir, que quienes lo defienden demuestren que el coste, los riesgos y los residuos hacen que valga la pena el mantenimiento de esta producción de energía.
En caso contrario, permitiría conocer las intenciones reales de mantener su funcionamiento.
Las narrativas y la comunicación centraron buena parte del debate.
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