El PPCV denuncia la paralización de avales ICO para jóvenes y destaca avances de la Generalitat en vivienda
La portavoz de Vivienda del GPP, Candela Anglés, critica la paralización por parte del Gobierno de Sánchez de los avales ICO de vivienda para los jóvenes, asegurando que mientras el Ejecutivo central retrasa, más de 3.500 jóvenes de la Comunitat Valenciana han logrado financiar el 100% de la compra gracias al aval de la Generalitat.
Anglés afirma que la izquierda demuestra su absoluta incapacidad para resolver el problema de la vivienda, recordando que durante ocho años no se construyó ni una vivienda social y que el precio de la compra se incrementó un 50% y el alquiler un 90%.
La diputada popular añade que ahora la izquierda paraliza a nivel nacional uno de sus principales anuncios, dejándolo sin efecto en un contexto de difícil acceso a la vivienda y que la gestión y coordinación con las entidades financieras ha dejado sin medio a miles de jóvenes que tramitaron estos avales desde 2024.
En contraste, en la Comunitat Valenciana se abre un proyecto de futuro para los jóvenes: del Plan Vive se reserva el 40% de las 5.000 viviendas públicas en marcha; se ha reducido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 8% al 6%, lo que supone un ahorro directo de 2.000 euros en una vivienda de 100.000 euros; y gracias a la Generalitat un joven puede acceder a su primera vivienda sin aportar ahorros iniciales, con un crédito que facilita la compra y con un incremento del 50% en la dotación de avales para jóvenes, alcanzando el préstamo el 100% del precio.
Respecto a los avales, Anglés señaló que los últimos datos de abril indican que el programa de avales a los jóvenes del IVF suma 3.504 beneficiarios y 2.371 operaciones aprobadas desde su puesta en marcha, moviendo más de 277 millones de euros en financiación bancaria y cerca de 300 millones en compraventas de vivienda.
Por último, anunció la presentación de una enmienda parcial a los presupuestos para sumar 698.000 euros más a los 1.148.000 euros ya recogidos para la compensación a arrendadores o propietarios por la suspensión de procedimientos de desahucio.
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