El TSJCV confirma que la Consellería de Educación del PP paralizó ilegalmente las obras Edificant en Benicarló, Betxí y Borriol
El TSJCV confirma que la Consellería de Educación del PP paralizó de forma ilegal la tramitación de la construcción del IES Ramón Cid de Benicarló, del IES Borriol y de la EI Pequelar de Betxí.
Verónica Ruiz afirmó que se han perdido tres años de paralización sin sentido para construir dos institutos y una escuela infantil fundamentales. Si la Generalitat, en manos del PP, no hubiera paralizado los Edificant, hoy ya estarían las máquinas construyendo los centros.
Gerard Fullana afirmó que esta sentencia debe marcar el fin de la trayectoria política de Rovira y Ortí; no pueden seguir ni un minuto más.
El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, y la diputada por Castellón, Verónica Ruiz, celebraron que el TSJCV haya devuelto a los ayuntamientos de las comarcas del norte afectadas las primeras obras de Edificant que el PP eliminó al inicio de la legislatura, hace tres años.
Se trata de la construcción del IES Ramón Cid de Benicarló, el IES Borriol y la EI Pequelar de Betxí, que la Consellería de Educación liderada por Compromís impulsó a través de Edificant por un total de más de 32 millones de euros.
En Betxí, supuso la reducción de más de 2,2 millones para que el ayuntamiento tramitar la demolición y construcción de la nueva escuela Pequelar.
En Borriol, se trataba de la construcción de un IES propio en el municipio por casi 11 millones de euros; sin esa infraestructura, el alumnado debería desplazarse a estudiar a Castellón.
En Benicarló se trataba de demoler y reconstruir el IES Ramón Cid, con un presupuesto adjudicado de 19,6 millones.
Según Fullana, demuestra que el PP mentía para recortar obras con cualquier pretexto; tanto José Antonio Rovira, que inició el procedimiento, como Carmen Ortí que lo ha mantenido hasta el final, son responsables de que el alumnado de estos centros esté en condiciones deplorables durante tres años solo para ahorrarse 32 millones de euros. Esta sentencia debe marcar el fin de la trayectoria política de Rovira y Ortí; no pueden seguir ni un minuto más.
El gobierno de Mazón envió una carta anunciando un proceso sin precedentes de lesividad y advertía a los ayuntamientos que si no renunciaban voluntariamente a la obra, la Consellería de Educación los denunciaría.
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