El ICOPCV exige a la Generalitat regularizar la atención podológica en residencias públicas tras un año sin respuesta institucional
El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunitat Valenciana (ICOPCV) denuncia el bloqueo institucional que mantiene la Conselleria de Bienestar Social y advierte de que la ausencia de concursos públicos para adjudicar los servicios de podología en residencias públicas impide garantizar que las personas mayores reciban atención por profesionales debidamente habilitados.
Desde la llegada de la actual junta de gobierno hace un año, el ICOPCV ha solicitado en tres ocasiones una reunión con la Conselleria para abordar la problemática y todas las peticiones han quedado sin respuesta.
«La falta de interlocución está impidiendo solucionar un problema que afecta directamente a la calidad asistencial de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad», ha denunciado Antonio Viana, presidente del ICOPCV.
El Colegio explica que las residencias públicas de la Comunitat Valenciana tienen la obligación de contratar el servicio de podología mediante concursos públicos, un procedimiento que garantiza la igualdad de oportunidades entre profesionales, la transparencia administrativa y la calidad asistencial. Sin embargo, según el ICOPCV, estos concursos llevan años sin convocarse.
«Actualmente existen 16 residencias públicas de la Generalitat que deberían licitar estos servicios —dos en Castellón, cinco en Alicante y nueve en Valencia—, pero la falta de convocatorias ha provocado que la prestación del servicio se realice sin la regularización que exige la normativa. Estamos hablando de un servicio sanitario que no puede gestionarse al margen de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia», subrayó Maite García, miembro de la junta directiva del ICOPCV.
Por otro lado, el Colegio advierte que su principal preocupación no es solo lo administrativo, sino las posibles consecuencias para la seguridad de los pacientes, ya que durante estos años se han registrado casos de personas que prestaban atención podológica sin estar debidamente colegiadas.
«Cuando no existe un procedimiento público y reglado, tampoco existen garantías suficientes para comprobar que quien atiende a los residentes reúne todos los requisitos legales para ejercer la profesión», declaró.
En España, la colegiación es obligatoria para ejercer y constituye una garantía para los pacientes, ya que acredita la titulación oficial del profesional, su cobertura de responsabilidad civil y el sometimiento al control deontológico del Colegio profesional.
La problemática ya fue abordada en 2021 entre la Administración autonómica y el ICOPCV, cuando ambas partes acordaron impulsar una circular para regularizar la contratación del servicio y garantizar la publicación de los pliegos públicos. Sin embargo, la actual junta de gobierno denuncia que dicho compromiso nunca llegó a materializarse.
Ante la falta de respuesta por parte de la Conselleria, el ICOPCV ha decidido hacer pública la situación para reclamar una solución definitiva y solicita a la Generalitat Valenciana un plan de actuación que incluya la celebración urgente de una reunión institucional, la creación de plazas públicas de podología en los recursos necesarios, la publicación anual y transparente de los concursos públicos para la prestación del servicio en las residencias públicas y la incorporación progresiva del podólogo.
Remitido | Fotografías: Remitido
Amb la col.laboració de: