El ICOPCV denuncia bloqueo institucional y exige regularizar la atención podológica en residencias públicas
El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) ha denunciado la situación de bloqueo institucional que mantiene la Conselleria de Bienestar Social con la profesión podológica y ha advertido de que la ausencia de concursos públicos para adjudicar los servicios de podología en las residencias públicas impide garantizar que las personas mayores estén siendo atendidas por profesionales debidamente habilitados.
Desde la llegada de la actual junta de gobierno hace un año, el Colegio ha solicitado hasta en tres ocasiones una reunión con la Conselleria para abordar esta problemática y todas las peticiones han quedado sin respuesta.
La falta de interlocución, sostiene Antonio Viana, presidente del ICOPCV, está impidiendo solucionar un problema que afecta directamente a la calidad asistencial de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.
El Colegio ha explicado que las residencias públicas de la Comunidad Valenciana tienen la obligación de contratar el servicio de podología mediante concursos públicos, un procedimiento que garantiza la igualdad de oportunidades entre profesionales, la transparencia administrativa y la calidad asistencial. Sin embargo, según ha informado el ICOPCV, estos concursos llevan años sin convocarse.
Actualmente existen 16 residencias públicas de la Generalitat que deberían licitar estos servicios (dos en Castellón, cinco en Alicante y nueve en Valencia), pero la falta de convocatorias ha provocado que la prestación del servicio se realice sin la regularización que exige la normativa. Estamos hablando de un servicio sanitario que no puede gestionarse al margen de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, según subraya Maite García, miembro de la junta directiva del ICOPCV.
Por otro lado, desde el Colegio se ha señalado que su principal preocupación no es solamente la situación administrativa, sino las consecuencias para la seguridad de los pacientes, ya que durante estos años se han encontrado casos de personas que prestaban asistencia podológica sin estar colegiadas.
En España, la colegiación es obligatoria para ejercer y constituye una garantía para los pacientes, ya que acredita la titulación oficial del profesional, su cobertura de responsabilidad civil y el sometemiento al control deontológico del Colegio profesional.
Además, el ICOPCV recordó que esta problemática ya fue abordada en 2021 con la Administración autonómica, cuando ambas partes acordaron impulsar una circular que regularizara la contratación del servicio y garantizara la publicación de los pliegos públicos. Sin embargo, dicho compromiso nunca llegó a materializarse, según denuncia la actual junta de gobierno.
Tras esperar más de un año una respuesta por parte de la Conselleria, el Colegio ha decidido hacer pública la situación para reclamar una solución definitiva.
Ante esta situación, el ICOPCV solicita a la Generalitat Valenciana la puesta en marcha de un plan de actuación que incluya la celebración urgente de una reunión institucional, la creación de plazas públicas de podología en aquellos recursos donde sean necesarias, la publicación anual y transparente de los concursos públicos para la prestación del servicio de podología en las residencias públicas, y la incorporación progresiva de profesionales de podología.
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