Les Alqueries exige al Gobierno el pago de 946.194,74 euros y reclama el desvío urgente de la N-340
El Ayuntamiento de Les Alqueries ha reclamado al Gobierno de España el pago inmediato de 946.194,74 euros adeudados por la falta de actualización de las entregas a cuenta de la Participación en los Tributos del Estado (PIE), una cantidad que el consistorio considera injusta y que compromete su capacidad para mejorar servicios e impulsar inversiones necesarias para los vecinos.
El alcalde, Antonio Gil, denuncia que el Ejecutivo mantiene congeladas las transferencias a los ayuntamientos con cifras de 2023 a pesar del crecimiento poblacional y del incremento histórico de la recaudación por impuestos como IRPF e IVA.
'Mientras el Gobierno recauda más que nunca, los ayuntamientos seguimos recibiendo lo mismo que hace tres años. Nos corresponde ese dinero y lo necesitamos para atender las necesidades reales de nuestros vecinos', ha afirmado Gil.
Gil ha advertido de un 'auténtico secuestro de recursos' cuando el Estado retiene fondos que deberían revertir en infraestructuras, servicios públicos y calidad de vida de los ciudadanos.
Asimismo, el alcalde recordó que la provincia de Castellón ha dejado de recibir más de 20,7 millones de euros entre enero y abril de 2026, y que la deuda acumulada desde 2023 asciende a 250 millones de euros para el conjunto de los municipios castellonenses.
'El Gobierno está sometiendo a los ayuntamientos a un triple castigo: retrasa pagos, impide utilizar los remanentes y continúa quedándose con parte de los impuestos que pagan nuestros vecinos', lamentó el alcalde.
Además de reclamar una financiación justa y actualizada conforme al incremento de la recaudación y la población, el Ayuntamiento urge al Ejecutivo a impulsar de forma definitiva el desvío de la N-340 a su paso por el municipio para mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos.
Antonio Gil subrayó que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y pidió una reforma urgente del sistema de financiación local que permita a los municipios disponer de recursos suficientes para afrontar servicios, inversiones y proyectos estratégicos sin depender de la improvisación ni de la falta de voluntad política del Gobierno central.
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