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Burriana: Safont obvió un informe que le advertía que 'corresponde exclusivamente a funcionarios de carrera' autorizar el cobro de una cuota urbanística
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La Plana al Dia | Burriana | General | 13-06-2021
La alcaldesa de Burriana, Maria Josep Safont, viene dando más credibilidad a los informes que le llegan por personal ajeno al Ayuntamiento de Burriana, que a los elaborados por funcionarios de carrera, algunos de ellos con habilitación nacional. Así ha ido evitando cerca de una veintena de oposiciones a los acuerdos que venía alcanzando con Urbanizadora Golf Sant Gregori.
Esta semana ha obviado un informe de la Secretaria municipal y del negociado de urbanismo para permitir que la urbanizadora pase a cobro 1'6 millones de euros por unos trabajos de los que dudan que se hayan ejecutado tanto técnicos municipales como muchos propietarios del PAI. En dicho informe se le advertía a Safont de cuestiones legales cuya omisión pueden tener consecuencias judiciales: La legislación vigente es muy clara respecto a quien debe autorizar el cobro de cuotas de un PAI: "Corresponde exclusivamente a funcionarios de carrera al servicio de la administración el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales" (artículo 92 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
Pero hay más, el citado artículo prosigue: "igualmente son funciones públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de autoridad y, en general, aquellas que en desarrollo de la presente ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función".
Por todo ello, se entiende que el control y fiscalización último de la cuota de urbanización que se pretenda cobrar, "incluido el informe de la asistencia técnica, debe realizarse por un funcionario público en virtud de los establecido en el artículo 92.3 LRBRL".
La Ley Urbanística Valenciana, LUV es también muy clara y en su artículo 163 al señalar que es obligación del urbanizador el someter a control y fiscalización municipal de la cuota que se pretenda cobrar, con carácter previo al giro de la misma.
E igual de contundente es en su punto su punto dos: (163.2, LUV)relativo a la "prohibición de la administración a autorizar el giro y cobro de urbanización no ejecutada".
Contra los criterios del técnico municipal, la alcaldesa se basó en el informe externo de un abogado -recientemente contratado a 'dedo'- y en el informe de una asistencia técnica pagada por la empresa urbanizadora, para firmar el Decreto de Alcaldía de autorizar a cobro 1.6 millones de euros correspondientes a las cuotas 2 y 3. Para los técnicos municipales apenas se ha ejecutado una tercera parte de lo certificado. Pero el técnico pagado por la empresa firma que "se constata la efectiva ejecución de la obra certificada y motivadora de la cuota 3".
Unas cuotas que, entre otros aspectos, recogen el haber realizado un desbroce que supone la retirada de una capa de 20 cm de tierra (el equivalente a la altura de la Muntanyeta de Sant Antoni) y también todos los tocones de los árboles, pero también la existencia ya de 9.000 metros cuadrados de goteo.
La disputa judicial está abierta y pero cada día que pasa siguen creciendo los contenciosos relacionados con este PAI y todo apunta a que tanto Ayuntamiento de Burriana como Urbanizadora Golf Sant Gregori tardarán muchos años en salir de los juzgados y la duda está en cuántos millones le puede costar al final este asunto a los vecinos de Burriana y ello a pesar de los constantes informes realizados por los funcionarios municipales.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana