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Burriana: 'No vale decir mentiras'
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La Plana al Dia | Burriana | General | 01-04-2022
Miguel Ángel Bodí.- Un equipo de gobierno que se precie no puede basar sus argumentos en medias verdades o directamente en mentiras para intentar salir del paso de las debidas explicaciones a los ciudadanos, sobre todo en informaciones sobre temas importantes.
Esta sencilla reflexión viene al caso sobre la contestación que la Oficina Antifraude de la Comunitat Valenciana solicita a nuestros próceres acerca del proyecto de Sant Gregori. Esta entidad exige en su escrito, entre otras cuestiones, que el Ayuntamiento reclame 21.000.000€ a la empresa urbanizadora por el retraso en el inicio de las obras.
Habiendo caducado sobradamente a finales de febrero el plazo de respuesta, imagino que ya se habrá enviado el informe correspondiente a la Agencia Antifraude. E imagino también que esta respuesta habrá sido más seria que la de tirar balones fuera a base de mentiras como en la información publicada en las redes sociales municipales.
En esta noticia, muy reciente, que tiene como titular “Burriana matiza que la reclamación de la Oficina Antifraude por Sant Gregori es al anterior equipo de gobierno y urbanizador” es la prueba de que algo no funciona bien en nuestro Ayuntamiento.
Vayamos por partes.
Si se dice que la reclamación es al anterior equipo de gobierno, no sé si se refiere al de la legislatura 2015-2019, precisamente el mismo que en la actualidad o al equipo de gobierno de anteriores legislaturas, el de la actual oposición.
Imagino que se referirá a los gobiernos anteriores al 2015, de otro signo político, porque de lo contrario, sería ser muy tonto intentar trasladarse la culpa a sí mismo, aunque nada es descartable. Pero en este caso la falsedad es más que evidente, ya que a aquellos nada se les pidió al respecto cuando eligieron en su día resolver la condición de agente urbanizador a la empresa ante las dificultades del proyecto. Conviene destacar que podían haber optado por otras posibles acciones como la de imponer sanciones por el retraso de las obras o proceder a la suspensión por dos años del contrato, como la empresa les pedía. De estas tres opciones posibles, las que la legalidad establece, eligieron la resolución del contrato, lo que se produjo a primeros de 2015, pero por defectos de forma se anuló en septiembre del mismo año.
Y el actual equipo de gobierno, que se encontró nada más entrar con el problema, siguió optando por la resolución del contrato y no por la imposición de sanciones o por la suspensión del mismo, lo que encarecidamente seguía solicitando la empresa y lo argumentaba como la mejor solución para dar viabilidad al proyecto.
Lo que la Agencia Antifraude indica ahora en sus conclusiones no es que entonces el Ayuntamiento tenía que haber pedido ya a la empresa los 21.000.000€ como sanción, sino que, ante la no finalización posterior del proceso de resolución contractual y la aprobación en 2019 de un nuevo convenio con la empresa, se tendría que haber procedido ahora (no antes, ahora) a reclamar a la empresa esa descomunal cantidad monetaria.
Queda demostrada pues la falsedad evidente cuando se intenta trasladar a la opinión pública que es un problema de otros y no un problema a resolver por el actual equipo de gobierno, cuando se le pide a él y sólo a él, no a los anteriores.
Por otra parte, cuando se dice que la reclamación es al anterior urbanizador, ya es el colmo de los despropósitos tamaña respuesta, puesto que el urbanizador siempre ha sido el mismo desde hace 20 años que se presentó el proyecto, la empresa URBANIZACIÓN GOLF SANT GREGORI. Podría ser, intentando ser benévolo, que la noticia se refiriera a unos socios anteriores en la empresa y no a los actuales. Pero es que eso también sería mentira, ya que la Oficina Antifraude expresa que ahora (no antes, ahora) hay que exigirle a la empresa esas cantidades.
No quisiera entrar en el fondo de este tema y de la problemática actual sobre el proyecto de Sant Gregori, que demasiados frentes tiene abiertos y demasiadas pocas respuestas por parte de nuestro Ayuntamiento, que es quien tiene que tomar decisiones y velar por la transparencia en todas sus actuaciones y que últimamente tiene descolocados en este tema hasta a sus más fieles palmeros.
Pero espero que alguien tenga todavía la lucidez de razonar adecuadamente la respuesta a la Oficina Antifraude, lo que por otra parte no debería de ser muy difícil, ya que hasta los mismos técnicos municipales cuestionan la procedencia y legalidad de esta petición.
La ciudadanía se merece en todo momento de nuestro gobierno municipal unas explicaciones serias y rigurosas, gobierno al que hace solo tres años revalidaron su confianza y que la están perdiendo a marchas forzadas por la falta de respuesta a los problemas y la falta de transparencia sobre su gestión.
Ya vale de esconderse detrás de informaciones falsas y ya va siendo la hora de dar la cara por el futuro que nuestra ciudad se merece.
Mucho ánimo en el empeño.
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana